Al grito continúan los integrantes de la coalición de entidades que trabajan en la prevención y atención de las adiciones, ya que desde hace dos años el gobierno no entrega un solo centavo de los bienes ilícitos incautados como manda la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) revelaron que los fondos por entregar ascienden a RD$60 millones, mientras la mayoría de esas entidades están a punto de cesar los servicios que ofrecen a los enfermos por consumo de estupefacientes.

Hanoi Vargas, quien fungió como vocero, expresó que en agosto de 2020, aun en funciones las autoridades salientes, se realizó la más reciente entrega de los fondos provenientes de la citada Ley.

Explicó que el 15% de estos fondos se distribuye entre 23 organizaciones sociales que trabajan en la prevención y atención de las adicciones.

“Nuestras instituciones atraviesan una profunda depresión financiera, en gran parte como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de la covid-19, pero también por la inexplicable falta de sensibilidad de las actuales autoridades”, sostuvo.

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Hasta la fecha, dice, no encuentran ninguna explicación de porqué las nuevas autoridades han descontinuado la aplicación de este aspecto de la ley 155-17.

Esta situación, afirma, ocasiona graves consecuencias a las organizaciones, limitando el servicio que ofrecen a poblaciones muy necesitadas y vulnerables.

Consideran que las personas y familias que sufren los problemas de las adicciones, y la sociedad en sentido general, necesitan respuestas de las autoridades.

El clamor

Se dirigen directamente a Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, una funcionaria que ha demostrado su compromiso con la sociedad dominicana.

“Doctora Germán Brito, nuestras organizaciones necesitan con urgencia de estos recursos para poder seguir sirviendo a nuestra sociedad; retome la distribución de los recursos de la Ley 155-17, detenga la crisis de nuestras organizaciones que pone en peligro las atenciones que ofrecemos”, claman en un documento que entregaron a la prensa.