La legislación sobre el contrato de trabajo doméstico en República Dominicana no es revisada desde 1999.

El Código de Trabajo, que data de 1992, rige las disposiciones y establece en su artículo 260 que salvo convenio en contrario, la retribución de los domésticos comprende, además de los pagos en dinero, alojamiento y alimentos de calidad corriente.

Indica que este trabajo no está sujeto a ningún horario, pero que éstos deben gozar, entre dos jornadas, de un reposo ininterrumpido de nueve horas por lo menos.

No existe en los últimos 20 años una propuesta de ley destinada a mejorar los salarios de las empleadas domésticas. El más reciente proyecto de ley que buscaba protegerlas lo sometió en 2017 el diputado Gustavo Sánchez, sin aprobación, el cual procuraba que a estas trabajadoras no les exigieran vestir uniforme en los espacios públicos, que evidenciara su condición laboral.

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El 31 de agosto de 2021 el Ministerio de la Mujer y el sector sindical de las trabajadoras del hogar realizaron el tercer encuentro tripartita, con la finalidad de escuchar las demandas y trabajar juntos sobre el proyecto de Ley de Trabajo Doméstico Remunerado, que está en el Congreso Nacional.

El Código de Trabajo dispone que la jornada del trabajo doméstico no sea mayor de ocho horas diarias ni mayor de 44 semanales, con descanso entre jornadas no menor de nueve horas.

El Reglamento 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso Nacional en e 2015, garantiza que las domésticas no sean explotadas con excesivas jornadas de servicio.

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, expresó en abril el interés del presidente Luis Abinader por romper con la historia de olvido de las domésticas, mediante la resolución que garantiza sus derechos.

Los empleadores

Tienen derecho a descontarle a la trabajadora el 50% de su salario para costear su estadía y alimentación.

El Convenio 189 ofrece protección específica a las trabajadoras domésticas. Establece los derechos y principios básicos, y exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos.