El proyecto de Ley de Código Penal se ha empantanado y como perimió en la pasada legislatura, fue reintroducido.

Por tanto no figura en comisión para debate en el hemiciclo de los diputados y tiene una nueva propuesta de reforma presentada este año.

Mientras, la Alianza Cristiana Dominicana (ACD) se sumó a los sectores que afirman que existe una falta de voluntad política para aprobar el Código Penal, lo que califica como una búsqueda de impunidad por parte de los legisladores, para no asumir el compromisos de campaña de garantizar la vida y la salud de las mujeres.

La vocera de la ACD, Gloria Ramos, solicitó a los diputados incluir las tres causales que posibilitan a las mujeres salvar la vida cuando corre peligro en el embarazo.

El pasado 15 de marzo los diputados Soraya Suárez, Elías Wessin Chávez, Ysabel de la Cruz y Fior Daliza Peguero depositaron en la Secretaría de la Cámara de Diputado el más reciente proyecto de modificación del Código Penal de la República Dominicana, afirmando que lo respaldan más de 100 diputados, y con copia al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.

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Olfany Méndez, Lordes Contreras, Priscila D’ Oleo, Ydenia Doñé y Dolores Fermín son otras diputadas que respaldan una nueva propuesta de enmienda del controversial proyecto, sin que exista fecha cierta para volver a llevar la iniciativa a la sesión del Pleno.

Diputados del oficialismo y de la oposición empujan la aprobación bajo los nuevos preceptos, en tanto, los antagónicos al proyecto que existe en el Congreso Nacional se mantienen firmes en su negativa de que el Código Penal castigue las tres causales para la interrupción del embarazo.

Suárez declaró que el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar un Código Penal que persiga el delito y los nuevos hechos punibles.

Comisión de justicia y jueza de Familia

Los diputados de la Comisión de Justicia conversaron con la jueza Lauris Ramírez Medina, del Tribunal de Familia, y propuso adecuar el proyecto que modifica la Ley 13-06 bis, de Divorcio, en lo relativo a la guarda de los adolescentes, la partición de bienes, el domicilio de las notificaciones y la reducción de los plazos de apelación.