Colombia .– Los acuerdos de cese del fuego bilateral, desmovilización de guerrilleros y entrega de armas, suscritos el jueves en La Habana por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, no sólo fueron calificados de históricos por la prensa local, expertos y ciudadanos del común, sino que parecen ser el principio del fin de un conflicto armado, que ha dejado cientos de miles de muertos, y millones de víctimas y desplazados en medio siglo de guerra.

Pero aún queda trecho por recorrer para que se firme un acuerdo final, y se inicien los procesos de cese del fuego, desmovilización de los guerrilleros, dejación de armas, y se dé por terminado el proceso de negociación y se consiga la paz en Colombia.

Según el acuerdo suscrito el jueves, se crearán 23 zonas y ocho campamentos para la desmovilización y concentración de los guerrilleros, que tendrán una extensión de una vereda, o más si es requerido, en el campo colombiano y cuya ubicación exacta no fue revelada.

En cada zona habrá un lugar de almacenamiento de las armas, que contarán con vigilancia policial, y si se requiere presencia de los uniformados en otro lugar distinto de dicho territorio, deberá contar con el visto bueno de una comisión verificadora integrada «por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)», delegados de las FARC y el gobierno colombiano.

Los guerrilleros que resulten beneficiados con la excarcelación de sus delitos, como resultado de una amnistía, podrán ir a «sitios de estadía» que estarán previstos en estas zonas. En los campamentos, por su parte, no podrá ingresar población civil «en ningún momento».

Un día después de la firma del acuerdo final de paz en un futuro próximo, el Ejército colombiano reorganizará sus tropas «para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC» a las 23 zonas y ocho campamentos designados.

De la agenda de negociación igualmente quedarían por acordar o aclarar con mayor precisión temas como el fin del conflicto entre el gobierno y las FARC, la desmovilización y reintegración a la vida civil de varios miles de combatientes, el regreso a la civilidad de los menores de edad, las zonas donde serán ubicados los rebeldes tras su desmovilización, los llamados «territorios de paz» o los sitios del país donde vivirán los insurgentes y la conformación del Tribunal para la Paz.

Lo más complejo ahora se escapa de la capacidad negociadora de las partes y constituye un reto para el estado colombiano: garantizar la seguridad de los rebeldes una vez dejen las armas.

En reiteradas ocasione las FARC han expresado su preocupación de que se repita la historia de la Unión Patriótica, o UP, un movimiento político que surgió a mediados de la década de 1980 como consecuencia del fallido proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC.

Al menos 3.000 políticos y simpatizantes de la UP fueron asesinados por narco-paramilitares y militares corruptos. Dos de los candidatos a la Presidencia por ese movimiento político, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, figuraron entre los muertos.

El gobierno de Santos ha dicho que la historia de la UP no volverá a suceder. De hecho, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección viajaron a la capital cubana para explicarles a los jefes de la guerrilla cómo sería su seguridad en Colombia una vez regresen a la civilidad.

El jurista Juan Carlos Henao, uno de los artífices a nombre del gobierno del tema de la justicia transicional, o la forma como pagarán por sus crímenes los actores del conflicto armado, dijo en la jornada que la conformación del Tribunal para la Paz es un asunto complicado.

En el tema de la justicia transicional «falta un punto que, aunque no es preocupante, sí es muy importante: quién y cómo van a elegir a los magistrados de la jurisdicción para la paz. Hasta ahora no lo han anunciado, pero ese tema es gordotote», aseguró Henao a Caracol Radio.

En septiembre del año pasado, agregó Henao, quedó establecido que ni el gobierno ni las FARC podrán postular candidatos para conformar el tribunal.

La oposición, en cabeza del hoy senador y ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), ha dicho que el mencionado tribunal tendrá injerencia de la guerrilla para juzgar a sus enemigos políticos.

El tribunal, que entrará a operar apenas se firme la paz, quedará por encima de todos los estamentos judiciales del país, como las altas cortes y la Fiscalía, y podrá conocer de cualquier caso relacionado con el conflicto armado.

La oposición también se ha quejado de que ese tribunal tendrá competencia para juzgar por igual a guerrilleros, militares, paramilitares y civiles.

También habrá que ver qué pasará a futuro con los mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz. Santos siempre ha dicho que será el pueblo colombiano en las urnas el que tendrá la última palabra sobre lo que se pacte en La Habana.

Actualmente, el tema es estudiado por la Corte Constitucional, la máxima instancia en Colombia en asuntos de la Carta. El mencionado tribunal tiene la potestad de decir si la ley que se aprobó en el Congreso para el plebiscito se ajustó o no a la Constitución. Si la declara inexequible no habrá plebiscito. Santos le ha pedido a la Corte constantemente que les permita a los colombianos pronunciarse en las urnas sobre el tema. Las FARC dijeron el jueves que cualquiera sea acatarán el fallo de la Corte.

Pero los votos que necesitaría el plebiscito son mínimos y eso le restaría legitimidad a una eventual votación. Para que sea aprobado necesitará al menos el 13% del total del censo electoral, que en octubre de 2015 era de 34 millones de votantes. Es decir, necesitaría un poco más de 4,4 millones de sufragios.

Pero tal vez el reto más difícil que le queda al país es erradicar las divisiones que han dejado décadas de guerra, según dijo el sociólogo Alexander Castro.

Para Castro, profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, en Colombia el conflicto siempre ha tenido dos ópticas: la urbana y la rural. «Quienes realmente han sido azotados por el conflicto son los campesinos. Desde la ciudad el conflicto se mira de otra manera».

El experto dijo finalmente que no solo basta dejar los odios sino que es fundamental corregir las causas que originaron el conflicto. Una de ellas, opinó, «es que las familias aristocráticas de este país no han soltado el poder».

En lo que respecta al cese bilateral del fuego acordado el jueves, los cambios para el país no serán muchos.

Desde que el 20 de julio de 2015 las FARC anunciaron un cese unilateral del fuego, las acciones armadas de esa guerrilla se han reducido al mínimo. De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, entre abril y junio pasados solo hubo cuatro acciones ofensivas por parte de las FARC.

Finalmente, en el camino de la paz definitiva para Colombia aún queda por resolver la paz con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional, que a finales de marzo inició una negociación formal con el gobierno, y el problema de las bandas narco-paramilitares bandas criminales, que surgieron hace unos 10 años tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.