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Bogotá. Un escándalo de corrupción que se extiende por Latinoamérica está cada vez más cerca del presidente colombiano Juan Manuel Santos debido a nuevas evidencias que indican que una compañía constructora brasileña pagó un millón de dólares por una encuesta de opinión realizada durante su campaña de reelección.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo el lunes que su oficina verificó que Odebrecht firmó un contrato con una compañía registrada en Panamá que está vinculada con la agencia local de publicidad que Santos contrató durante su campaña de 2014.
Dijo que el objetivo de la empresa era congraciarse con el gobierno de Santos para que le ayudara a ganar un arbitraje por 100 millones de dólares en torno a disputas por un proyecto carretero.
No queda esclarecido el tipo de evidencia para respaldar la acusación, o cuál fue el delito cometido, en caso de que exista. En Colombia son ilegales las contribuciones de campaña por parte de compañías no bancarias, y Santos no reportó haber aceptado alguna contribución individual.
Pero es un secreto a voces en Colombia, y otras partes de Latinoamérica en donde existen ese tipo de restricciones, que los políticos suelen recurrir a compañías para obtener contribuciones no declaradas para cubrir los costos relacionados con su campaña presidencial.
De hecho, Odebrecht también es acusada de cubrir los gastos del rival de Santos durante la contienda de 2014. Martínez dijo que su oficina cuenta con nueva evidencia que muestra cómo los ejecutivos de Odebrecht presentaron al candidato, Óscar Iván Zuluaga, con un reconocido estratega brasileño de campañas durante un encuentro ocurrido el 2014 en Sao Paulo, y posteriormente pagaron 1,6 millones de dólares en servicios para la campaña del candidato.
Santos aún no comenta al respecto. Pero su vinculación con Odebrecht infligiría un mayor daño a Santos a 14 meses de las elecciones de las que surgirá su sucesor y con una descontenta coalición que se deteriora en el Congreso y que es necesaria para la implementación de un acuerdo de paz con las guerrillas.
En un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el año pasado, Odebrecht admitió el pago de unos 800 millones de dólares en sobornos para obtener licitaciones en toda Latinoamérica.
