LA HABANA. Colombia está a punto de poner fin a medio siglo de derramamiento de sangre el jueves, cuando el presidente del país, Juan Manuel Santos, se una a los rebeldes de izquierdas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la firma de un alto el fuego y un acuerdo de desarme en una ceremonia plagada de mandatarios que se celebrará en Cuba.

Tras más de tres años de negociaciones, en ocasiones complicadas, en la capital cubana, el gobierno de Santos y las FARC anunciaron el miércoles que superaron sus últimas diferencias sobre la desmovilización de 7.000 combatientes y la entrega de armas tras la firma de un acuerdo que terminará con uno de los conflictos armados más largos de la historia, que marcó a generaciones y dejó millones de víctimas y pérdidas materiales. El viaje de Santos a La Habana es una señal de que las negociaciones tocan a su fin. Junto al comandante de las FARC Rodrigo Londoño, alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”, Santos desvelará los detalles del acuerdo de desarme en un acto al que asistirá el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, varios presidentes latinoamericanos y un enviado especial de Estados Unidos. La confrontación provocó más de 220.000 muertos, miles de desaparecidos y millones de campesinos desplazados a las ciudades desde que se iniciaron las hostilidades en 1964.

En los últimos 15 años, el ejército colombiano, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, desató una ofensiva que diezmó las tropas del movimiento insurgente y replegó a sus combatientes sin derrotarlos, lo que forzó al secretariado de la organización de corte marxista-leninista a sentarse a una mesa de negociación a pactar la paz en 2012. Los rebeldes hallaron en Santos, un economista formado en Estados Unidos perteneciente a una de las familias más ricas del país, un socio fiable que, pese a proceder de la élite conservadora colombiana, no estaba marcado por sus prejuicios.

El impulso decisivo para terminar el proceso se produjo esta semana cuando el mandatario colombiano dijo que esperaba tener un acuerdo de paz completo listo para el 20 de julio, cuando el país celebra su independencia de España. Pero el último acuerdo va más allá de lo esperado. Además de un marco para un alto el fuego, ambas partes dijeron el miércoles que habían acordado un plan de desmovilización que hará que las guerrillas se concentren en zonas rurales y entreguen las armas que durante muchos años fueron vistas como símbolos de los orígenes del movimiento, como una fuerza de autodefensa de campesinos ante ataques del estado controlado por la oligarquía. En enero ambas partes solicitaron a las Naciones Unidas el monitoreo del entonces eventual cese del fuego y para que sirviera de instancia de resolución de conflictos surgidos de la desmovilización. Se espera que los presidentes de Cuba, Venezuela y Chile, los tres países que han patrocinado las conversaciones de paz en La Habana, asistan a la ceremonia del jueves.

El gobierno de Barack Obama enviará a su enviado especial para el proceso, Bernard Aronson. Aún quedan temas pendientes por negociar relacionados con la desmovilización, la refrendación de los acuerdos para darle soporte jurídico y legal a los mismos a fin de que no sean reformados por un gobierno posterior. El mandato de Santos culmina en agosto de 2018. Santos también prometió a los colombianos la convocatoria de un referéndum nacional para aprobar la consulta, y su gobierno no da por hecha su aceptación. “íMañana será un gran día! Trabajamos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad. (hash)SíALaPaz”, escribió Santos en su cuenta de la red social Twitter el miércoles.

Pero el acuerdo de paz no hará de Colombia un país seguro de la noche a la mañana. La proliferación de la cocaína ha alimentado el conflicto más que cualquier otro registrado en un país de la región y sigue siendo un importante imán para las bandas que operan en los remotos valles y en las junglas sin ley de Colombia.

El país es el mayor proveedor de cocaína de Estados Unidos y solo una pequeña parte de los más de 12.000 homicidios registrados en el país el año pasado tienen poco que ver con el conflicto. Esta nueva situación plantea el riesgo de que un segundo movimiento revolucionario del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), más pequeño pero más recalcitrante, pueda rellenar parcialmente el vacío que dejen las FARC, aunque actualmente el gobierno de Santos adelanta algunos acercamientos para firmar la paz con esa agrupación.

Pero si las FARC cumplen sus compromisos y sus combatientes se integran con éxito en la sociedad, el gobierno podría empezar a alejar sus recursos del campo de batalla y atacar otras formas de delincuencia y la aplastante pobreza y desigualdad que la alimenta. Uno de los elementos a tener en cuenta en el proceso es la oposición de los críticos, como el popular expresidente Álvaro Uribe, que lideró la ofensiva militar contra las FARC en la última década. En parte por su éxito en la lucha contra los rebeldes, los colombianos se refieren casi con unanimidad a los rebeldes como “terroristas”. Las encuestas de opinión muestran que las FARC, que según algunas fuentes en las últimas décadas financiaron su insurgencia con dinero del narcotráfico y el secuestro, son impopulares en muchos sectores colombianos.