El primero de enero se cumplieron 29 años de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución internacional cuyo objetivo es la utilización del comercio para elevar el nivel de vida, crear empleos y mejorar las vidas de las personas.

Entre otros objetivos de la OMC figura ayudar a los países a desarrollar y crear capacidad comercial, lo que se interpreta como el impulso a la capacidad productiva de un país para ayudar con la comercialización de sus productos en el intercambio del comercio internacional.

La OMC administra el sistema mundial de normas comerciales, y entre estas normas figura la libre competencia, que favorece a los consumidores. Desde su surgimiento, este organismo ha servido de árbitro para corregir malas prácticas y ha fomentado mejores prácticas en busca de la equidad y el equilibrio en las relaciones comerciales.

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Este preámbulo es pertinente porque, como signatario de la OMC, el país debe tomarse en serio algunas de las normas de este organismo, ahora que se aboca a la aplicación de una tasa cero arancel para la importación de alimentos, creando una competencia desleal con los productores nacionales, quienes han demostrado su capacidad para producir más del 80 por ciento de la demanda de alimentos del país.

No todos los dominicanos están en capacidad de importar productos para comercializarlos. Primero, porque para hacerlo se requiere de divisas y no todos tienen pesos para comprar dólares caros; segundo, las importaciones crean un comercio desigual y colocan la oferta de alimentos en manos de un grupo pequeño en detrimento del grupo grande que son los consumidores; y tercero, se corre el riesgo del monopolio, prohibido en nuestra Constitución.

Otro aspecto negativo es el atentado a la libre competencia, donde la posibilidad de monopolio pone en peligro la única defensa del consumidor: que haya libre competencia en la economía de mercado.

Otro fallo es la condena a la ruina de la producción nacional. Recuerdo cuando se negociaban los tratados de Libre Comercio, entonces presidía la Fundación por los Derechos del Consumidor y decía que los productores del campo tendrán que ir a los muelles a descargar los barcos con alimentos, si no se asumía como política pública la producción nacional de alimentos.

Luego vino la Ley 589-16 de Seguridad y Soberanía Alimentaria con implicaciones para hacer sostenible la producción de alimentos culturalmente aceptable y sostenibles en el tiempo. Ser sostenibles en la producción de alimentos es muy importante para la identidad porque queda como legado a las generaciones por venir.

Somos una isla y debemos proteger nuestra producción, porque si viene otra pandemia o un desastre que impida ingresar los alimentos importados, comprometemos a la población con una hambruna.

Es estratégico defender la producción nacional, evitar los monopolios y la mala práctica de la colusión, donde los agentes del mercado se ponen de acuerdo para fijar precios, crear escasez ficticias para acaparar productos en detrimento de los consumidores y más en un espacio donde las instituciones son débiles.

El pensamiento estratégico referido a la producción nacional es muy relevante y siempre lo expreso porque me preocupa el futuro de la isla y de nuestros hijos y nietos. Debemos garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todos los dominicanos, los consumidores y más en un país con instituciones débiles.