Diego Pesqueira 
La comisión designada por decreto para evaluar las situaciones originadas en relación a las ventas y transferencias de los terrenos donde se encuentra el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, rindió un informe ayer al presidente Danilo Medina, en el cual califica tal operación de cuestionable y violatoria a la Constitución.
De igual forma, los comisionados recomendaron al Mandatario que el informe sea remitido por ante el Ministerio Público para que determine si en esa operación quedó comprometida la responsabilidad penal de los actores públicos y privados que intervinieron en la misma.
“La operación es cuestionable en su esencia misma; nunca debió realizarse bajo los términos en que se hizo”, precisó Flavio Darío Espinal, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y miembro de la referida comisión, creada mediante el decreto 392-16 para examinar la transacción y rendir un informe en 30 días.
Espinal ofreció detalles del informe entregado al mandatario en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, junto a José Dantés, director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado y Lidio Cadet, de Ética e Integridad Gubernamental, completan la Comisión.
La operación había sido realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) a favor de Inversiones Fernández Parache & Asociados, S.A (Infepa), Titulatec, SRL y Proyecciones Inmobiliaria Gowi, S.A.
“La operación se llevó a cabo en violación a la Constitución, la ley de Reforma de la Empresa Pública y la Ley de Función Pública”, indica el informe.
Los comisionados establecieron que la venta de los terrenos del Estado, en los cuales hay una comunidad asentada desde hace décadas y en la que se han realizado cuantiosas inversiones estatales para construir una infraestructura pública al servicio de la comunidad, es una operación cuestionable en su esencia misma.
Agregaron que la toma de decisión para la venta de los inmuebles resultó sumamente precaria e irregular, ya que envolvía una comunidad conformada por decenas de miles de personas “y con una infraestructura pública bastante desarrollada en esos terrenos”.
“Era de esperarse que el proceso de toma de decisión fuera lo más riguroso y transparente posible, lo cual no sucedió”, indica.
Agrega que la Junta de Directores de Corde conoció la operación después de que el Acuerdo Marco estaba suscrito, el monto decidido, algunas ventas realizadas y sumas pagadas.
Detectó que la “no objeción” a la transacción emitida por la Consultoría Jurídica de Corde fue el mismo día que recibió el expediente, y también la firma del Acuerdo Marco.
