En torno a las tensiones que han generado las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump (“Exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá”) y la consecuente respuesta del presidente panameño, José Raúl Mulino (“Cada metro cuadrado del canal seguirá siendo nuestro»), la posición de la República Dominicana debe ser la de evitar el apoyo incondicional a una parte o a la otra.

La condición de constructor del canal, que luego cedió, no faculta a Estados Unidos a borrar los derechos adquiridos por el Estado panameño, pero sí le da la condición si no de un cliente privilegiado, sí la de un cliente preferencial, que debe recibir un trato que le haga sentirse cómodo. Más aún si se toma en cuenta que el 70% del tráfico de mercancías por ese canal lo hacen empresas de Estados Unidos.

De igual manera, el reconocimiento de los derechos adquiridos de Panamá, no debe llevarle a manejar a rienda suelta las tarifas o peajes que cobra, ignorando los frenos que impone la prudencia.

Es cierto que los fenómenos asociados al cambio climático han complicado el manejo del canal y obligan a sus administradores a hacer grandes inversiones, pero los costos que se derivan de esa situación no deben llevar a imponer tarifas que puedan ser consideradas “ridículas, altamente injustas» por el mayor cliente del canal.

A partir del 15 de febrero de 2020, entraron a regir modificaciones en la estructura de peajes que cobra el Canal de Panamá, todo ello en medio de una difícil situación para la industria marítima, donde se busca abaratar costos, debido a las afectaciones del comercio marítimo.

Los ajustes incluyeron un cargo por agua dulce: incremento del porcentaje (que va de 1% a 10%) del peaje que deben pagar los buques y que dependerá de los niveles del lago Gatún al momento del cruce.

Para que se tenga una idea de lo que implica ese ajuste, en términos de costo, «si un buque que paga un peaje de 500 mil dólares, si al inicio del día que va a transitar el nivel del lago Gatún es de 76 pies, pagaría adicional un cargo de 10 mil dólares y el equivalente variable. Al combinar ambos cargos el aumento sería de 11.7%».

Los cambios también incluyeron un cargo por registro de itinerario de tránsito, que es un cargo por adelantado del costo final por el registro de itinerario cuando los buques soliciten el permiso para el tránsito, que dependerá de la longitud del barco.

También se modificó el sistema de reservaciones, que requiere que cada buque pague su tarifa de reservación en su totalidad a más tardar en 48 horas, dependiendo del período de reservación.
El presidente panameño ha dicho que las tarifas no son un capricho, que “se establecen de manera pública y en audiencia abierta, considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento y modernización de la vía interoceánica”.

Pero de eso debe estar convencido no sólo Panamá, sino todos los clientes del canal y sobre todo su cliente preferencial: Estados Unidos.

Ojalá que las aguas del canal corran en dirección a una negociación que ponga los puntos sobre las íes que sean necesarios colocar, haciendo que las partes sientan que sus intereses han sido tomados en cuenta, evitan desconocer sus derechos adquiridos y que las tarifas o peajes se conviertan en una carga más pesada de lo necesario.