En veces participamos de juntas en las cuales escuchamos términos o conceptos que nos resultan desconocidos, ocultamos nuestra ignorancia no participando y damos la impresión de conocer el significado y alcance de esos asuntos que por su importancia pueden y van a beneficiarnos o perjudicar nuestros intereses personales o nacionales. Ahora se habla de fideicomiso, figura jurídica novísima en el debate económico nacional, aunque haya leyes y regulaciones cuya data sea de décadas, atrás, por ejemplo. (Lo digo porque la Ley de Condominios es de 1958 y no se aplicó hasta años recientes.

La primera vez que escuche el término “fideiscomisio” así, mal pronunciado, fue a media mañana del día 4 de mayo de 1965, pronunciada por el valiente y audaz Héctor Aristy, quien lo citó como una amenaza contra nuestra soberanía nacional, ya estábamos invadidos por los norteamericanos y Aristy temía que los yanquis quisieran quedarse gobernando el país. En ese mismo sentido yo había leído el término, como la figura jurídica que amparaba la ocupación de un territorio ingobernable o desobediente a las órdenes de un país imperial.

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En el caso del fideicomiso dominicano se trata de otro asunto, de harina de otro costal. Desde el inicio de la República el Gobierno presidido por Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux y luego Trujillo, han hecho uso y abuso de los bienes públicos y de los fondos públicos mediante el uso de recursos del erario empleados para forzar la elección de diputados y senadores, algunos de los cuales acogen las directrices del Poder Ejecutivo que les deja caer la ración del boa para que también resulten beneficiados.

La RD ha sido fuente de enriquecimiento para políticos, militares, acaparadores de tierras obtenidas mediante métodos ilícitos y criminales y cobrando el supuesto heroísmo de familiares que participaron en acciones que la Patria agradecida, desde hace 150 años, les da participación en los Gobiernos y como mediadores en jugosos contratos de empréstitos, muchos de los cuales forman parte de la oligarquía lilisiana de la cual habla el abogado santiagués Julián Ramia Yapur. El ejemplo más reciente de la voracidad desde el Gobierno es el de la desaparición de las empresas estatales propiedad de Trujillo que Leonel Fernández y el PLD, en un ejercicio de nigromancía convirtieron en polvo y viento.

En este Gobierno eso no puede pasar, si somos los dueños de la tierra, de los amaneceres, del arcoíris, de los atardeceres y del canto de los pájaros que despeinan el atardecer, ojo con eso, mejor temprano que tarde habrá jueces probos, idóneos, y quienes engañen al pueblo pagarán con cárcel y despojo de los bienes mal habidos.