Según la Procuraduría General de la República (PGR), el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, es la cabeza de una supuesta estructura gubernamental que habría sacado al erario más de 17 mil millones de pesos con la excusa de acuerdos transaccionales.

Pero además, dice la PGR, unos 10 funcionarios gubernamentales pertenecieron a la «estructura» del exministro de Hacienda, los cuales eran subordinados de la entidad donde él estuvo al frente. Así lo deja ver el organismo persecutor en una solicitud de información financiera que le hiciera a la magistrada Kenya Romero con fecha del 17 de febrero del año 2022.

El documento, de apenas 18 páginas, precisa que no sólo estuvieron con Guerrero directores y administradores de otras entidades con el propósito de sacar provecho a propiedades del Estado, sino también empleados que trabajaban en Hacienda fueron parte del presunto entramado.

¿Cómo operaba la «estructura»?

La Procuraduría detalla que, bajo las instrucciones del exministro Guerrero, «se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compras a y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza».

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La solicitud precisa, además, que en ocasiones el grupo de funcionarios de ese entonces utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, «constituyendo el tipo penal de desfalco».

El documento establece también que, de acuerdo a las investigaciones que hizo la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en la mayoría de los casos se verificaron «incongruencias» entre los nombre de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados por los decretos, y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos.

Más de 20 personas físicas y jurídicas fueron beneficiadas de manera habitual por terrenos que estaban ubicados en diferentes lugares del país.