El Ministerio Público presentó los resultados de su investigación sobre la red de corrupción descubierta tras las indagaciones realizadas en la Operación Coral 5G. Los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), indicaron que para sustraer los fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), los generales Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou aprobaban la entrada y salida de recursos humanos a dichas instituciones.

La PEPCA establece que el en caso del CUSEP este proceso se hacía con mayor facilidad ya que esta entidad no estaba najo la supervisión de la Contraloría General de la República. Sin embargo, en el CESTUR, Robiou aprobaba la entrada y salida del personal de acuerdo a los ajustes realizados por Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

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Estos dos últimos, en conjunto con el coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, el teniente coronel José Ramón Santos Jiménez, el 2do. teniente Vicente Girón Jiménez, el teniente Eringson Brens Rosario, el Tte. Winston Guzmán Jiménez P.N., y 1er Tte. Juan Ramón Tejada Hilario FARD, se
encargaban del reclutamiento de personas a incluir y de las creaciones de subredes o eslabones de la pirámide que les respondían a estos, los mismos eran llamados dentro de la estructura criminal, cabezas recolectoras.

Imputados en Coral — Torres Robiou implicado en el caso Coral 5G que lleva la PEPCA.

Mientras que, en el CUSEP, donde se hacían las inclusiones en la nómina de forma directa y a discreción de Adán Cáceres, el gerente financiero, acusado Rafael Núñez de Aza, a través del Tte. coronel José Ramón Santos Jiménez P.N., y posteriormente por el acusado Mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez ERD, hacían transferencias electrónicas a las cuentas de las personas incluidas en dichas nóminas.

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«En el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), quienes se encargaban de reclutamiento de personas a incluir en la nómina y que manejaban las subredes de recolección, eran el Tte. coronel José Ramón Santos Jiménez P.N., el mayor José Manuel Rosario Pirón P.N., el Capitán Pedro Roberto Castillo Nolasco
P.N., el 2do Tte. Vicente Girón Jiménez FARD y el 1er Tte. Juan Ramón Tejada Hilario FARD, a quienes como hemos dicho, le llamaban dentro de la estructura criminal, cabezas recolectoras», indica el documento presentado por la PEPCA.

«El modus operandi era similar en ambas instituciones; las cabezas recolectoras reclutaban militares que estuvieran asignados a otras instituciones, o que no tuvieran funciones en específico, luego presentaban los candidatos al acusado Raúl Alejandro Girón Jiménez quien los depuraba junto a su superior, el acusado coronel Rafael Núñez de Aza y solicitaban la incorporación de los mismos, siendo esto aprobado por el acusado Juan Carlos Torres Robiou (a) D1 en CESTUR y por Adán Benoni Cáceres Silvestre en CUSEP, quienes habían ideado el formato para la distracción de los fondos público», agrega el expediente.

Según e Ministerio Público, tras la «Depuración» estos eran nombrados en el CESTUR y el CUSEP con salarios que iban desde los RD$20,000.00 hasta los RD$70,000.00 a quienes se les obligaba que devolvieran la totalidad del monto, y que en ocasiones se les permitía quedar con sumas desde los RD$2,000.00 hasta los RD$10,000.00.

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Este dinero era entregado a Raúl Alejandro Girón Jiménez o a su hermano, Vicente Girón Jiménez. Posteriormente, Raúl Alejandro Girón Jiménez se quedaba con un porcentaje de la suma y entregaba el resto al acusado Rafael Núñez de Aza, en su casa ubicada en Colinas del Oeste o en la oficina de la institución; Núñez de Aza cubría gastos y compromisos, y adquiría propiedades para Juan Carlos Torres Robiou y Adán Cáceres, según el Ministerio Público.

«El esquema de corrupción de las nóminas funcionaba de la manera siguiente: Cada una de las cabezas recolectoras tenía su lista particular de personas para recoger mensual, las cuales le hacían los depósitos, transferencias o entregas de dinero en efectivo», indica el documento.

«El ex encargado de contabilidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Turísticas (CESTUR), capitán Migel Cancú FARD, quien posteriormente pasó a ser el gerente financiero del CESTUR a la salida del acusado Rafael Núñez de Aza, estableció que el promedio mensual de dinero en la dinámica de recolecta con las nóminas, soló en CESTUR, era de seis millones de pesos (DOP 6,000,000.00) mensuales», agrega.