BBC Mundo 
Luis Muñoz Marín
A sus 6 años, Helga Serrano dejó su casa de madera, sin cocina ni refrigerador, para mudarse a una de las primeras urbanizaciones construidas en San Juan. La década del 50 apenas comenzaba y Puerto Rico experimentaba un despunte económico proyectado por algunos medios de la época como un milagro económico.
En aquel momento, la periodista de 77 años vivía “con lo mínimo” en un pueblo rural del sureste del territorio, justo al lado de un río. Su familia cocinaba en un fogón de carbón. Bajo el mismo techo dormían sus padres, abuelos y hermana. Con la mudanza, buscaban las nuevas oportunidades que brindaba la capital.
“Mi historia y la de mi hermana es la historia de Puerto Rico, de la gente que salió de la pobreza, de la poca educación y lograron formarse en la universidad”, le contó a BBC Mundo en una llamada telefónica.
Serrano pasó a un nuevo espacio que, aunque también humilde, representaba una “transformación” a la par con el resto de la isla.
Contrario a lo que sucede en la actualidad, cuando Puerto Rico sufre una recesión económica tras una batalla legal de casi cinco años que concluyó con la luz verde de la justicia para la restructuración de una inmensa deuda pública (US$73.000 millones), en aquel momento estaba en pleno desarrollo.
La industrialización
El proceso de industrialización de Puerto Rico, que impactó a personas como Serrano, quien tras enfrentar la pobreza logró ingresar a la universidad y alcanzó un mejor estándar de vida, comenzó en la década de 1940.
Rexford Tugwell, un gobernador nombrado por el presidente Franklin D. Roosevelt, impulsó la creación de empresas locales, subsidiadas por el estado.
En cuestión de pocos años, en el territorio se erigieron fábricas de vidrio, cartón, cemento y otros productos, que comenzaron a desplazar la economía agrícola.
No obstante, a partir de la Guerra Fría este enfoque quedó atrás, y el gobierno comenzó una estrategia de “inversión por invitación”.
El nuevo modelo económico consistía en conceder incentivos contributivos a empresas estadounidenses y extranjeras.
“Buscaron sustituir ese modelo de desarrollo e industrialización por parte del estado y la estrategia de sustitución de importaciones por una de apertura de capital, apertura de capital foráneo”, explicó el economista y abogado puertorriqueño Heriberto Martínez.
Fue entonces cuando la mayoría de las fábricas públicas fueron vendidas y llegaron compañías foráneas en busca de mano de obra barata y exenciones contributivas. En principio se trató de empresas textiles y de otros trabajos pesados como procesamiento de comida, más adelante farmacéuticas.
Los números
Por las próximas décadas, los indicadores económicos respaldaron las reformas establecidas por el gobierno. De 1950 a 1980 el PNB per cápita en la isla creció de US$342 a US$3.479, solo superado por Venezuela (US$3.630), una nación rica en petróleo.
Para 1980, precisamente, las imágenes de años anteriores parecían un pasado distante. Las hileras de casas en madera sin servicios básicos que ocupaban tanto los pueblos del interior montañoso como las zonas urbanas costeras fueron reemplazadas por extensas urbanizaciones de cemento.
Nuevas carreteras suplantaron los caminos de tierra y los autos a los caballos y las mulas.
Los obreros dejaron el sol abrasador de los cañaverales por las oficinas y las líneas de ensamblaje. Aprendieron a leer, enviaron a los hijos a la universidad y abandonaron los mercados por los centros comerciales.
La pobreza se redujo de un 62,8% en 1970 a un 44,6% en el 2000, de acuerdo con una presentación del Centro para la Nueva Economía de Puerto Rico.
El problema
No obstante, Puerto Rico se vio en problemas a finales de la década de 1960. Durante este tiempo apostó por mover su economía al sector petroquímico, con la idea de elaborar refinados de este producto y exportarlos a Estados Unidos.
Pero el sector cayó ante la crisis internacional del petróleo, que ocurrió en 1973 luego de que la OPEP decidió elevar los precios del combustible, en el contexto de la Guerra de Yom Kipur. Una situación que impactó la economía mundial.
La respuesta de Estados Unidos a esta crisis fue aprobar en 1976 nuevas exenciones contributivas, con la intención de atraer más empresas farmacéuticas y de alta tecnología.
La legislación permitía que las compañías estadounidenses en Puerto Rico depositaran sus ganancias en la banca del territorio para luego enviarlas a sus matrices libres de impuestos, explicó la economista Quiñones.
Sin embargo, en 1996 el gobierno estadounidense decidió retirar los beneficios contributivos. Para el 2006, cuando culminó el período de transición otorgado por el Congreso, la inversión de las compañías foráneas se redujo de manera considerable.
De 1997 a 2012 la isla perdió cerca de 80,000 empleos solo en el sector de la manufactura.
Y Puerto Rico, durante sus tiempos de bonanza, luego de aquellas empresas locales estatales que había establecido, no realizó grandes esfuerzos para fomentar la producción local. “Nos concentramos en crear los cerebros para trabajar para el foráneo”, sostuvo el economista Martínez.
“Puerto Rico fue el arquetipo de lo que luego fue en América Latina la industrialización a base de maquiladora, la industria de ensamblaje”, dijo el sociólogo Emilio Pantojas. “Pero era un país urbano de industrialización dependiente”, opinó.
La deuda
Ante la salida de estas empresas, el territorio comenzó a tomar prestado para sostener el gasto social y su aparato gubernamental.
Mientras la economía se contraía, la deuda crecía de forma exponencial.
Para el 2006, la deuda de Puerto Rico suponía unos US$48.000, frente a un PNB de US$68.000 millones, lo que representaba un 60%, señaló Martínez. Unos 10 años más tarde, la deuda había aumentado en 103%.
Ahora la isla estaba muy lejos de ser un ejemplo a seguir. El índice de pobreza se estancó en un 45%, el desempleo aumentó y hubo una emigración masiva de boricuas a Estados Unidos.
Mientras, algunos políticos locales afirmaban que la deuda se podía pagar, pese a las advertencias de los expertos. Los periódicos del territorio publicaban una y otra vez en portada cómo las casas acreditadoras de Wall Street degradaban sus bonos.
En el 2015, el exgobernador Alejandro García Padilla aceptó el augurio: “La deuda es impagable… no existe otra opción. Este no es un asunto de política, sino de matemáticas”.
Un año más tarde, Estados Unidos aprobó una legislación que permitió a Puerto Rico reestructurar su deuda en los tribunales, pero que a la misma vez le impuso una Junta de Supervisión Fiscal.
El organismo, compuesto por siete personas nombradas por el presidente y el Congreso, es el responsable de representar a los boricuas en la corte desde el 2017, cuando comenzó el proceso de reestructuración.
Además, tiene el poder de aprobar su presupuesto, por encima del gobierno local.
La “Junta”, como es llamada en Puerto Rico, impulsó desde su llegada medidas de austeridad con la justificación de que eran necesarias para poder cumplir con los acreedores.
Entre las políticas que mayor oposición enfrentaron estuvo un recorte de casi la mitad del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y la intención de recortar las pensiones públicas.
