No es ociosa la pregunta por las escándalos surgidos en la pasada campaña electoral, en donde tres exministros del Gobierno de Danilo Medina están sometidos a múltiples cargos, entre ellos financiamiento ilícito a la precampaña y campaña, y del lado del PRM involucramiento de diputados en narcotráfico y lavado; se supone que en el presente proceso eso va a disminuir o desaparecer; así las cosas con una sociedad mas empoderada y comprometida en la lucha contra la corrupción, la pregunta obligada es: ¿Cómo van a financiar los partidos y candidatos campañas tan costosas?

En la década de los noventa el Dr. José Francisco Peña Gómez propuso y logró la aprobación de una ley de financiamiento público a los partidos, consistente en 0.25% del presupuesto en años no electorales y 0.50% en el año electoral, de los cuales los partidos que obtienen un 5% de los votos les corresponde el 80% de la asignación total y el 20% para los restantes. Es una suma importante que en 2024 podrá superar los RD$3,500 millones.

La idea de Peña Gómez no resolvió el tema del financiamiento de los partidos, continuó el uso de los recursos del Estado por diferentes vías como la propaganda, uso de vehículos, combustibles, personal de las instituciones y compras disfrazadas; también la otra fuente, nada transparente, los aportes provenientes del empresariado.

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En la medida que creció el clientelismo las campañas se hicieron tan costosas que partidos y candidatos, desde el Gobierno, debieron hacer ingeniería financiera, o chapucería presupuestaria en las instituciones, como el caso calamar que podría ser la punta del iceberg; aportes mayores especialmente de grandes grupos empresariales cuya inversión era retribuida con altos retornos por el partido ganador gracias a contratos de obras, compras, privilegios, aduanales y hasta leyes, mientras, los recursos del narcotráfico y de las dueños de las bancas de apuestas, inundaron las campañas al punto que lograron colocar sus fichas en el congreso y en otras instancias gubernamentales.

Es paradigmático como está preso en Miami el diputado Miguel Gutiérrez Díaz (PRM, Santiago), acusado de narcotráfico y lavado, la diputada Rosa Amalia Pilarte (PRM, La Vega), esposo e hijo, implicados en lavado, y cuatro diputados, tres del PRM y uno del PRD, imputados en el caso de lavado denominado Falcon. Y eso de nuevo es la punta del iceberg.

¿Los actuales funcionarios reflexionarán en el caso calamar antes de extraer de forma burda recursos multimillonarios para las campañas? ¿seguirán los aportes de beneficiados con contratos sobrevaluados o ahora los de fideicomisos y APP? ¿continuarán los mega aportes de los grandes grupos económicos que recuperan sus “inversiones” con elevada rentabilidad y hasta inciden en las decisiones presidenciales? ¿aumentará el déficit presupuestario por el aumento del gasto para influir en los votantes?

Es una lastima que una Ley de Partidos y el Régimen Electoral, como los propuestos por la JCE, no sean un límite a las violaciones a la equidad y la salud del sistema democrático.

Mientras las campañas a cualquier nivel sean tan costosas, veremos repetirse todos estos vicios que han convertido la democracia dominicana en un sistema donde el dinero es la llave al triunfo electoral, salvo pocas excepciones, y por esas razones no se gobierne “por el pueblo y para el pueblo” y si a favor de los intereses empresariales.