La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reveló que el 6 de julio de 2023 notificó a la Dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre las denuncias presentadas por Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A, quienes alegaban que Transcore Latam, S.R.L, supuestamente había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta, o adulteradas de otras fuentes públicas disponibles, con el propósito de participar como oferentes en el procedimiento licitación para la “contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”.
La DGCP detalló que en dicha comunicación orientaron al Intrant sobre el debido proceso para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., en el entendido de que los hechos denunciados podrían dar cuenta de una infracción administrativa dentro del marco del procedimiento de contratación, que involucraría la eventual aplicación de la sanción de inhabilitación permanente contra el proveedor, en caso de determinarse la presentación de informaciones o documentos falsos o adulterados, en el marco de un procedimiento de contratación, lo cual se considera una infracción gravísima en materia de contrataciones públicas.
«Al respecto, aun cuando en un ejercicio de buena administración y considerando el principio de coordinación y colaboración previsto en la Ley, esta Dirección General comunicó al Intrant la denuncia presentada, pero al día de hoy, no hemos recibido ninguna contestación del Intrant sobre el particular», aseguró el órgano de control estatal.
Entre las «graves irregularidades» que encontró Compras y Contrataciones están indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros.
Dichos hallazgos movieron al órgano regulador a depositar ante el Ministerio Público lo encontrado con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, empresa que figuró como beneficiara en la licitación con un contrato de más de 1,300 millones de pesos, a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha entidad y su participación en «actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación».
¡Otra vez Jochy Gómez!
José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido Jochy Gómez, quien fue señalado de complicidad en el supuesto fraude realizado contra expresidente Leonel Fernández por hackeo, es mencionado en la investigación hecha por la DGCP.
De acuerdo al órgano rector, «fue encontrada dentro de la documentación societaria de la empresa adjudicataria Transcore Latam, un acta de gerencia fechada en julio de 2023, mediante la cual se incluyó como fiador solidario e indivisible a la empresa Dekolor, SRL., en una facilidad crediticia tomada por Transcore Latam con una entidad financiera, por el monto de RD$120 millones, como la gestionada para el proceso de contratación en cuestión. Cabe destacar que Dekolor no presentó ofertas en el proceso del Intrant, ni por sí, ni a través de consorcio».
Dekolor, está relacionada a Jochy Gómez y su empresa OML Inversiones, con quien ha compartido acciones junto a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña.
Abinader habló
Sobre el tema, el presidente Luis Abinader dijo: «Este es un Gobierno que sus instituciones funcionan. Y en el caso, la Dirección de Compras y Contrataciones está funcionando. Yo dejo que las instituciones funciones, y esas instituciones permiten, cuando hayan institiciones que no cumplan las leyes, pues pueden funcionar y han funcionado. Yo no me entro en los detalles de ese y de otros (casos)».
El primer mandatario de la nación se refirió al tema durante su acostumbrado encuentro con la prensa en el Palacio Nacional.
Hugo Beras pidió licencia
Se recuerda que tras darse a conocer la información de las presuntas irregularidades en la adjudicación, el director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader una licencia para que la DGCP pudiera realizar sus investigaciones si inconvenientes.