El 14 de marzo, la República Dominicana verá entrar en vigencia un nuevo reglamento que regula las compras y contrataciones públicas. Entre los procedimientos contemplados, las «Compras Menores» o «Compras Simplificadas» destacan por su agilidad aparente, pero tras el velo de la simplicidad se esconde una preocupante realidad: una ventana abierta al clientelismo político.

Estas compras menores, diseñadas para adquirir bienes y servicios con montos que oscilan entre RD$234,908.86 y RD$1,761,816.41, están sujetas a un trámite simplificado, según lo establecido en el artículo 44 del nuevo reglamento. El problema radica en la falta de rigurosidad y supervisión en este proceso, lo que crea un terreno fértil para prácticas poco transparentes.

El breve plazo de 48 horas mínimas para la participación de oferentes en estas compras menores es una de las principales preocupaciones. ¿Cómo es posible evaluar adecuadamente las propuestas, cumplir con los requisitos legales y garantizar la transparencia en un lapso tan limitado? Esta limitación temporal dificulta la participación de empresas competentes y la rapidez con la que se necesita el bien o servicio deja puerta abierta a decisiones apresuradas y sin la debida evaluación.

Otro aspecto crítico es que las Direcciones Administrativas y Financieras de las instituciones dirigen directamente estas compras, “simplificando” el paso por un comité de compras que garantice la imparcialidad y la evaluación técnica y económica. Esta falta de supervisión crea un ambiente propicio donde las decisiones pueden basarse en afinidades más que en criterios objetivos.

A pesar de que las compras menores se consideran de montos «pequeños» o «menores», la suma total de seis adjudicaciones al mes de RD$1,761,816.41 asciende a la no despreciable cifra de RD$10,570,898.46. Esta cantidad, aunque no equiparable a grandes contratos, sigue siendo parte de los recursos públicos y merece la misma atención y escrutinio que las adquisiciones de mayor envergadura.

Lo más preocupante es la creciente tendencia a la adjudicación arbitraria de estas compras menores. Empresas, que al igual que otras, cumplen con los requisitos técnicos, se ven favorecidas sin justificación aparente y teniendo ofertas económicas más elevadas. Esto plantea serias dudas sobre la equidad y la eficiencia en la asignación de recursos públicos.

En el camino hacia una gestión pública más transparente y responsable, es imperativo revisar y fortalecer los mecanismos de control en torno a las compras menores. La falta de supervisión y la aparente falta de importancia atribuida a estas adquisiciones más modestas pueden convertirlas en un espacio propicio para el clientelismo político.

El ciudadano común tiene el derecho de saber que cada peso del erario público se invierte de manera eficiente y justa. En este contexto, las compras simplificadas no deben ser un atajo hacia la opacidad y la arbitrariedad. Más bien, deben ser objeto de una revisión crítica y rigurosa para garantizar que la gestión de recursos públicos sea ejemplar y que el clientelismo político no encuentre en ellas un refugio cómodo. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares fundamentales que guíen cada proceso de contratación pública, sin importar el monto involucrado.