Luego de un recorrido de 9 años por cuatro tribunales distintos, el presidente de Unatrafin Arsenio Quevedo, le ganó la pelea al Ministerio Público al ser liberado por falta de pruebas sobre su alegada participación en una red de sicariato que cobró la vida de tres choferes de sindicatos adversos al suyo.

La magistrada Tania Yunes, al motivar la decisión del tribunal que integra junto a Gisselle Méndez (quien lo preside), y Yissell Naranjo, afirmó que “cuando la investigación es deficiente se logra esconder los deshechos debajo de la alfombra, pero no hacen que desaparezcan”.

Dijo que conforme al desahogo de las pruebas que se produjeron en juicio, las muertes de esas personas no representaban una solución al problema nodal entre las asociaciones enfrentadas por las rutas en el transporte público.

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Resaltó que ninguno de los testigos, “como en otros casos manejados por este tribunal”, ha indicado de forma precisa en qué forma participó el imputado Arsenio Quevedo en esos hechos.

Agregó que de los informes de las llamadas entrantes y salientes el tribunal no ha podido establecer ninguna información relevante que transparentara a nivel probatorio, la participación del imputado en esos hechos.

Dijo que además no se ha demostrado en juicio, cómo estas personas asesinadas representaban una amenaza por sí sola o en su conjunto, a los intereses particulares o empresariales del imputado.

Asimismo, dijo que en el caso no se configuran los tipos penales que el MP le atribuye haber cometido al Quevedo, “por lo que procede su absolución”.

En el dispositivo de su sentencia el tribunal además lo declaró no culpable de violar la Ley sobre porte y tenencia de armas; ordenó el retiro de cualquier medida de coerción que pudiera tener. En lo civil, lo exmimó del pago de las costas del proceso las cuales recaerán sobre el Estado Dominicano.

Los condenados a 30 años

Por el asesinato de los choferes Overnys Guerrero y Angel Javier fueron condenados el 16 de julio de este 2024 el exraso de la Policía Amauris Cabrera Martínez y Danilo Octavio Reynoso (el Prieto), también a pagar cada uno RD$10 millones en favor de los familiares de las víctimas. Ambos cumplen pena en La Victoria.

También se dictó sentencia absolutoria a favor del exregidor Erickson de los Santo Solis y de Cristino Batista Roa, acusados junto a Quevedo, de ser supuestos cabezas de la red de sicariato.

Decisión penosa

Calificó el abogado Manuel Soto la decisión del tribunal, que señaló que ya es una costumbre entre los jueces condenar “a los obreros del crimen, a los pobres; los jueces no no condenan a los ricos, no condenan a los patrocinadores…”, dijo.