RÍO DE JANEIRO. Con el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva entre rejas, en la mayor nación de Latinoamérica se pregunta cómo afectará a las elecciones presidenciales de octubre la entrada en prisión del favorito en las encuestas.

Las dudas y la confusión en torno a su futuro llegan en un momento en que Brasil sigue profundamente dividido sobre su condena, sobre si debería poder presentarse a los comicios y sobre si la pesquisa anticorrupción “Autolavado”, que ha salpicado a muchos en la élite política y empresarial del país, ha ido demasiado lejos.

Tres semanas después de la entrada en prisión de Lula para cumplir una condena de 12 años por corrupción, los líderes de su formación, el izquierdista Partido de los Trabajadores, siguen insistiendo en que quien en su día fuera un popular líder será su candidato en octubre.

Pese a que hay una opción legal que permitiría que esto ocurriese, expertos legales y políticos apuntan que es poco probable. Para entrar en la boleta, Lula necesitaría una avalancha de decisiones legales favorables en un sistema judicial que es notoriamente lento.

Sin embargo, parece haber una gran posibilidad de que el exdirigente pueda salir de prisión en los próximos seis meses. Esto se debe a que los jueces del Supremo Tribunal Federal, que recientemente negaron su pedido para permanecer en libertad mientras se resuelve una apelación a su condena, están reconsiderando su interpretación de cuándo un condenado debería comenzar a cumplir su sentencia.

Lula apresado.

“Puedo ver una situación en la que Lula pueda estar en casa durante las elecciones presidenciales, pero no en la boleta”, dijo Mauricio Santoro, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Sea como fuere, Lula podría tener una gran influencia en la votación.

Una encuesta del instituto Datafolha publicada el 15 de abril mostró que al menos el 30% de los votantes respaldaría a Lula, el doble que a su rival más cercano, el congresista Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército que habla con nostalgia de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. Si Lula no puede presentarse a los comicios, dos tercios de sus seguidores dijeron que votarán al candidato que él respalde. Por el momento, el expresidente no se ha pronunciado en favor de nadie.

Lula también enfrenta cargos por corrupción en media docena de casos más que todavía están pendientes de juicio, pero su interés está centrado en recuperar la libertad mientras recurre su única condena en firme.

En 2016, el máximo tribunal del país aprobó por un estrecho margen que cualquier condenado debería comenzar a cumplir su sentencia tras perder la primera apelación. Lula no logró revocar la pena en su primer recurso y, a principios de mes, los jueces del Supremo Tribunal Federal ratificaron la decisión cuando negaron, por seis votos a favor y cinco en contra, su petición de seguir libre durante el resto del proceso.

Ahora hay indicios de que los magistrados podrían revisar la cuestión sobre cuándo un condenado debe ingresar a prisión. El juez Marco Aurelio Mello, que votó a favor del pedido de Lula, estaría planeando presentar el asunto ante el tribunal. Rosa Weber, que votó en contra del exmandatario, dijo durante la vista del 4 de abril que si se plantease el caso se pronunciaría en favor de cambiar la ley. Su voto sería suficiente para modificar la decisión del tribunal sobre Lula.

Muchos brasileños interpretarían esto como un giro importante que permitiría que Lula y otros políticos y empresarios de alto perfil condenados por la pesquisa “Autolavado” saliesen de prisión.

“El tribunal perdería credibilidad”, dijo Sergio Praça, politólogo en la universidad Fundaçao Getúlio Vargas de Río de Janeiro.

La encuesta de Datafolha, para la que se entrevistaron a 4.194 personas en tres días y tuvo un margen de error de más menos dos puntos porcentuales, puso de manifiesto la profunda división del país sobre este tema. El 54% de los encuestados dijo que consideraba que la detención de Lula era justa, mientras que el 40% se mostró en contra y el 6% restante no contestó.

En juez Sergio Moro condenó el pasado julio a Lula por cargos de corrupción y lavado de dinero tras hallar que en su etapa como presidente dio contratos estatales a una constructora a cambio de la promesa de un apartamento en primera línea de playa.

La sentencia fue ratificada en enero, y los tres magistrados que revisaron el caso aumentaron la pena de nueve años y medio a 12 años y un mes.

Lula puede recurrir la condena ante dos tribunales más, el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Pero la decisión podría demorarse años, lo que haría peligrar sus opciones de entrar en la boleta de octubre.

Según la ley brasileña, una persona que haya perdido la primera apelación a una condena no puede aspirar a un cargo público. Mientras el Tribunal Superior Electoral toma su decisión definitiva sobre los candidatos, se considera poco probable que haga una excepción con Lula, que podría ser recurrida por numerosos adversarios que no quieren enfrentarse al exdirigente en las urnas.

Permitirle presentarse a las elecciones “terminaría en una guerra judicial que podría debilitar la ley”, dijo Jovacy Peter Filho, un abogado penal no relacionado con el caso del expresidente.

Lula sigue defendiendo su inocencia. Desde que su ingreso en un penal el 7 de abril, ha escrito cartas en las que dice a sus seguidores que no se da por vencido.

“Sigo creyendo en el sistema judicial así que estoy en paz”, escribió en una de ellas, agregando que estaba “indignado, como cualquier persona inocente ante una injusticia”.