Los dimes y diretes en torno a la posibilidad de someter a un juicio político a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas por alegadas faltas graves durante el desempeño de sus funciones, que todo indica no podrá ser conocido en la legislatura que concluye mañana miércoles, de alguna manera impidió que la opinión pública le prestara la atención debida a la decisión del Ministerio Público de archivar la querella por acoso sexual contra su presidente, el licenciado Janel Ramírez Sánchez.

La denuncia interpuesta por dos abogadas de la Dirección Jurídica del órgano de control provocó gran revuelo y un montón de cuestionamientos sobre su conducta, pero también se habló de la posibilidad de que se tratara de una trama para hacerlo saltar del cargo.

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La investigación realizada por los procuradores adjuntos Isis de la Cruz y Fernando Quezada no encontró indicios en su comportamiento que tipifiquen el acoso sexual, lo que lo libró de las consecuencias penales de ese delito, que le habrían impedido continuar al frente de la Cámara de Cuentas.

Hay mucha gente que todavía está convencida de que ese era el verdadero propósito de esa querella, por lo que es lógico que celebraran y aplaudieran que el Ministerio Público la archivara y que el supuesto plan fracasara.

Pero lo cierto es que aunque fue descargado, para decirlo de esa manera, del delito de acoso sexual, el presidente del órgano de control no salió bien librado de esa investigación, pues los procuradores determinaron que su conducta es contraria a la ética en el trabajo, “porque altera la línea de jerarquía y respeto dentro de una institución pública llamada a modelar los principios y valores de respeto, consideración y buen trato”. Y concluyen que si bien sus actos no están definidos en la norma como tipo penal, sí constituyen una conducta “moralmente reprochable que riñe con los principios éticos del servidor público”. Como diría un abogado: no más preguntas, magistrado.