Desde hace tiempo sabemos que nuestros legisladores aprueban proyectos de leyes sin siquiera leerlos, bien sea porque le bajaron línea desde su partido, por falta de interés y sentido de compromiso con una función pública tan importante como la de legislar, o por simple vagancia y haraganería.

Y hemos terminado aceptando como normal ese comportamiento, y algo peor todavía; seguimos votando por ellos cada cuatro años, sin exigirles que rectifiquen.

Aún así, cuando uno lee que el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, admite que tanto él como sus compañeros “no tuvieron tiempo de estudiar el proyecto”, tiene necesariamente que preguntarse si vale la pena continuar financiando con nuestros impuestos los privilegios de unos congresistas que aportan tan poco a la calidad de la democracia dominicana y su fortalecimiento institucional.

Sé que algunos pensarán que exagero, que no todos son iguales, pues en ambas cámaras hay gente bien intencionada que quiere la mejor para su país y que está dispuesta a demostrarlo aunque desentone.

Y es verdad, sería tremendamente injusto negarlo, pero desgraciadamente son la minoría; tanto, que pueden considerarse la excepción a la regla general.

Esa confesión de partes, que deja tan mal parados a los diputados de la Fuerza del Pueblo, que dicho sea a propósito no fueron los únicos que se saltaron la lectura del proyecto de ley, también deja en una posición muy incómoda a los dirigentes de sus partidos que han expresado sus cuestionamientos y reservas sobre el contrato de fideicomiso de las termoeléctricas de Punta Catalina.

El expresidente Leonel Fernández, por ejemplo, quien ayer dijo que la posición de su partido “es de preocupación” ante la posibilidad de que ese contrato permita la privatización de ese bien del Estado, pero sus diputados se comportan como si fuera todo lo contrario.