El Juzgado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional continúa este lunes con el conocimiento de solicitud de medidas de coerción hecho por el Ministerio Público contra los 20 encartados en el caso Calamar.

En la audiencia que es presidida por la jueza Kenya Romero, se tiene previsto que las defensas de los imputados Yahaira Brito Encarnación, Ramón David Fernández y Julián Omar Fernández, presenten ante el tribunal los argumentos de arraigo de sus clientes. Luego, se espera que el órgano persecutor presente sus réplicas y que la magistrada se retire a ponderar, para después emitir una decisión.

Durante la vista del domingo que se prolongó hasta pasadas las 10 de la noche, las defensas técnicas de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, principales imputados, para quienes el MP solicita 18 meses de prisión preventiva, pidieron libertad “pura y simple” para sus clientes.

Imputados que admitieron los cargos del MP

Se recuerda que de los 20 acusados 10 admitieron el pasado viernes su participación en la supuesta estructura de corrupción, que fue desarticulada por el Ministerio Público mediante la Operación Calamar.

Esto son : Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.

Además de los acusados antes mencionados, en el expediente también figuran el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Aldo Antonio Gerbasi.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.