El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este sábado la solicitud de medidas de coerción contra los implicados en el caso de la operación “Camaleón”, un expediente presentado por el Ministerio Público que desmantela una presunta red de corrupción y crimen organizado vinculada a los procesos de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Esta organización habría otorgado ilegalmente a la empresa Transcore Latam el control de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.

Antecedentes y acusaciones

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), depositó el pasado viernes la solicitud formal de coerción, detallando una serie de delitos graves que incluyen desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica. Entre las pruebas presentadas, destacan contratos fraudulentos relacionados con la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, además de evidencias de un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa, destinado a la usurpación de funciones de organismos de inteligencia y seguridad.

Los principales imputados incluyen al exdirector del INTRANT, Hugo Beras; el coordinador de Despacho, Frank Díaz Warden; el exdirector de Tecnología, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S. También están implicados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas.

Operativo y hallazgos

La Operación Camaleón, llevada a cabo por más de 170 efectivos policiales y 30 fiscales especializados, incluyó allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Durante el operativo, se incautaron múltiples evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, lo que llevó a la entidad a calificar esta operación como una de las más exitosas en su lucha contra el crimen organizado.

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Entre las pruebas, además de los contratos ilegales, se destaca la evidencia del sabotaje a la red semafórica en el mes de agosto, uno de los hechos que motivaron las investigaciones y que forma parte de las imputaciones.

Acusaciones formales y fundamentos legales

Los imputados enfrentan cargos conforme a varios artículos de la Constitución y del Código Penal dominicano, que abarcan delitos como corrupción, coalición de funcionarios, desfalco y estafa, así como infracciones contempladas en la Ley de Alta Tecnología, la Ley sobre Lavado de Activos y la Ley sobre Terrorismo. El Ministerio Público también ha solicitado que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud de las acusaciones y la cantidad de pruebas presentadas.

Con todos estos elementos, se espera que el tribunal acoja las solicitudes del Ministerio Público tanto para imponer medidas de coerción como para declarar la complejidad del caso, lo que prolongaría el tiempo de investigación y juicio.