La fijación de criterios sobre problemas fundamentales de la nación y sus posibles soluciones no puede exceptuar de las discusiones y toma de decisiones las ideas franca y constructivamente expresadas por los entes que alcanzan categoría de portaestandartes de la diversidad partidaria. Conceptualizar certera y razonablemente puede y debe brillar en toda democracia desde el marco de los poderes y hasta desde fuera de él; porque participar en el diseño y precisión de políticas y leyes no puede ser exclusivo de los investidos de autoridad existiendo hoy muy efectivas modalidades para captar puntos de vista. Los propósitos de legitimación tienen que traspasar esa frontera lo que explica la decisión del presidente reelecto, Luis Abinader, de conducir el país hacia un «acuerdo de Unidad Nacional», coincidiendo de notable manera con liderazgos del sector privado que abogan por un «amplio proceso de consulta y discusión» en claro interés de que un nuevo régimen fiscal sea fruto del concierto de voluntades.

La apertura total hacia propuestas de vocerías ciudadanas debe actuar contra todo posible predominio de unilateralidades para impulsar la marcha del Estado. Algo que puede ocurrir si la ausencia total de pareceres de organizaciones de oposición abre espacio a decisiones que de todas formas deben ser tomadas en esta trascendental coyuntura. La solidez de las instituciones públicas comprometidas con el presente y el futuro exige la inclusión de múltiples criterios para forjar la ruta hacia el desarrollo.