El anuncio del presidente Luis Abinader de aceptar modificaciones al proyecto de reforma fiscal es un paso que demuestra la disposición del Gobierno dominicano de escuchar a los distintos sectores sociales. En un contexto en el que se busca recaudar RD$122,486.6 millones anuales para fortalecer áreas fundamentales como la seguridad ciudadana y el sistema de transporte, este gesto subraya un compromiso con el consenso y la participación democrática.

La apertura de Abinader a ceder en aspectos específicos de la reforma es crucial. El proyecto ha suscitado un amplio debate, en particular por la eliminación de exenciones a sectores como el cine y el turismo, el aumento de impuestos a bebidas alcohólicas y azucaradas, y la gravación de servicios digitales. Estos cambios no han pasado desapercibidos, y las reacciones han sido diversas, desde el cacerolazo en Bella Vista hasta voces de expertos que plantean preocupaciones sobre el impacto en los más pequeños.

La decisión de organizar una consulta pública el próximo 17 de octubre es un gesto que merece reconocimiento. En tiempos en los que la confianza en las instituciones puede verse erosionada, esta apertura a la participación ciudadana es una señal de que el Gobierno está dispuesto a escuchar y corregir posibles fallas en su propuesta. La transparencia y el diálogo son herramientas esenciales para disipar las preocupaciones de quienes temen que las nuevas medidas fiscales recaigan desproporcionadamente sobre los sectores más desfavorecidos.

La idea de una reunión tripartita entre el Congreso, el Gobierno y los sectores involucrados refuerza la importancia del consenso. En un sistema democrático saludable, las grandes decisiones que afectan a la nación deben surgir del debate respetuoso, no de la imposición unilateral. Abinader ha insistido en que su administración nunca ha implementado medidas irracionales, y esta postura ante la reforma fiscal es coherente con ese principio.

Una reforma fiscal no es simplemente un ejercicio de recaudación, sino una oportunidad para rediseñar el sistema tributario de manera que promueva el bienestar general. Invertir en áreas críticas como la salud, el transporte y la seguridad es imprescindible para mejorar la calidad de vida de la población, pero esto debe hacerse sin crear una carga insostenible para los ciudadanos. El desafío reside en encontrar el adecuado entre aumentar los ingresos fiscales y proteger a los sectores más vulnerables.

Los ajustes propuestos, como gravar los servicios digitales y mantener las exenciones sobre productos básicos de la canasta familiar, son ejemplos de cómo se intenta proteger a los consumidores más necesitados. Sin embargo, es inevitable que algunas medidas generen inquietud. Los sectores afectados, como el cine y el turismo, tendrán que replantear sus estrategias en un nuevo panorama fiscal, y los consumidores deberán adaptarse a los nuevos impuestos.

El proceso de reforma fiscal es un reflejo de cómo deben funcionar las democracias modernas: con espacio para el desacuerdo, el debate y la adaptación. Los recientes cacerolazos y las protestas en el Distrito Nacional son señales de que la sociedad dominicana está comprometida con la defensa de sus derechos y preocupaciones. Sin embargo, estas expresiones deben verse también como parte de un proceso más amplio de participación ciudadana en el que todas las voces tienen cabida.

El compromiso del Gobierno de revisar las propuestas, escuchar a los sectores involucrados y ajustar las medidas si es necesario es un gesto de responsabilidad. Jochy Vicente, ministro de Hacienda, lo dejó claro: «Estamos en la mejor disposición de analizar cualquier error garrafal». Esta postura refleja una apertura a la crítica constructiva y la mejora del proyecto en beneficio de toda la población.

La reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Abinader no está exenta de desafíos, pero la disposición a dialogar y modificarla según las preocupaciones ciudadanas es un avance positivo. La consulta pública y las discusiones tripartitas no solo permiten un debate más inclusivo, sino que también fortalecen el proceso democrático. La clave está en encontrar un equilibrio entre las necesidades de recaudación del Estado y la protección de los sectores más vulnerables. Sólo a través del diálogo y el consenso se podrá construir un sistema fiscal más justo y equitativo para todos los dominicanos.