La gran mayoría de los sistemas de pensiones de reparto que operan en la República Dominicana no solo atentan contra la unidad y el trato igual, como principio de la seguridad social, sino contra la equidad, ya que la cobertura universal de estos esquemas y sus prestaciones privilegiadas contrastan con la baja cobertura de la población económicamente activa.

Asimismo, dada la generosidad de las condiciones de sus esquemas de reparto, estos sufren desequilibrio actuarial y también financiero.

Estos planteamientos forman parte del análisis del consultor Carmelo Mesa-Lago al proyecto de ley de reforma de la Ley de Seguridad Social (87-01) que cursa en el Congreso Nacional.

Estos sistemas de reparto son aquellos que agrupan a funcionarios del Estado, de entidades autónomas y descentralizadas, policías y militares, miembros del Poder Judicial y de la Asociación Dominicana de Profesores, legisladores, empleados del Banco Central, del Banco Reservas, de la Universidad Autónoma Santo Domingo, los médicos y los antiguos trabajadores del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

El autor señala que el proyecto de ley excluye a los grupos con esquema separado para la aplicación del nuevo sistema mixto, a los legisladores amparados en leyes, las cuales fijan edades de jubilación inferiores y mejores prestaciones que las establecidas en la Ley 87-01.

También la iniciativa deja fuera a los trabajadores del sector público y de las instituciones autónomas y descentralizadas, de cualquier edad y a los que por razones legales deben afiliarse a un plan de pensiones especial.
Igualmente, los afiliados a planes de pensiones existentes que han de permanecer en dicho plan bajo las condiciones de la ley que los crea, estos también son excluidos totalmente del nuevo sistema, indica Mesa-Lago.

Recomendaciones

Mesa-Lago plantea que en vista de los principios de unidad, trato igual, solidaridad social, equidad y sostenibilidad financiera y actuarial, no deberían haber regímenes separados con condiciones de acceso y prestaciones superiores a los del nuevo sistema mixto, y que además reciben subsidios fiscales onerosos y sufren de desequilibrio actuarial, creando un incentivo para que otros grupos poderosos demanden similares condiciones superiores.

Propone que integrar todos los regímenes separados y uniformizar sus condiciones de acceso y calculo de prestaciones. “Los subsidios fiscales ahorrados podrían usarse para extender la cobertura contributiva subsidiada a sectores mas necesitados”, señala.