P. Profesor,¿en qué consiste y cuál es la importancia del Acuerdo de Escazú?

R. El Acuerdo de Escazú es un “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”,el cual se aprobó en marzo de 2018 en Costa Rica y fue firmado por 22 países de 33 que tiene este espacio regional de las Américas, el 27 de septiembre del mismo año, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero para su entrada en plena vigencia este 27/09/2020, al menos 11 países debieron ratificarlo.

Este importantísimo instrumento de “Democracia Ambiental” como lo califica la Revista Verdor de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, es una poderosa herramienta para promover el acceso a la información sobre proyectos que contaminan o que potencian el cambio climático y para procurar poner fin a los frecuentes ataques contra personas defensoras del medio ambiente en América Latina y el Caribe.

Escazú, íntimamente relacionado con el ODS 10 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, viene siendo promovido por la CEPAL en todos los países de la región, pues se trata de garantizar que desde el gobierno ni de ninguna instancia oficial o civil, ni de ninguna otra índole, se tomen decisiones que pongan en riesgo el futuro y la salud ambiental, a espaldas de la sociedad.

Aunque la organización Amnistía Internacional celebró el pasado 25 de este mes la aprobación en el Congreso Argentino del Acuerdo Regional de Escazú, valorando el paso histórico dado por esta nación, la décima en hacerlo, pero desconocemos si finalmente la República Dominicana lo ratificó, entre las 11 que debieron hacerlo.

En estos últimos días, los ambientalistas de la República Dominicana apelaron al canciller Roberto Álvarez para que no demorara aún más el convenio y lo despachara de urgencia a la Consultoría Jurídica de la Presidencia para que esta, a su vez, lo envíe al Tribunal Constitucional con el propósito de que revise su conformidad con la Constitución y, finalmente, sea sancionado por el Congreso Nacional.

Estamos a la espera de las buenas noticias, pero desconocemos si el mismo llegó al Congreso Nacional antes del 27 del mes que cursamos que era la fecha límite para tales fines. La República Dominicana figura entre las naciones pioneras del mismo y sería una gran pena que no lo ratificara.