Por Rafael Heredia

Imaginemos a un emprendedor que está preparado para ofrecer un servicio innovador al gobierno. Ha cumplido con todos los requisitos, pero debido a una pequeña discrepancia de centavos en su garantía de seriedad de la oferta, se le descalifica del proceso de compras públicas a pesar de tener la oferta más conveniente para la institución en términos de calidad o precio ¿Es esto justo?

La contratación estatal es un proceso crucial para garantizar el funcionamiento y desarrollo de las instituciones gubernamentales, pues mediante ella, las autoridades pueden obtener bienes, contratar servicios o ejecutar obras que sean necesarias para llevar a cabo sus responsabilidades y ofrecer servicios de calidad a la población.

En ese contexto, es importante garantizar que la contratación pública sea transparente, justa y equitativa, y para logarlo, todas las informaciones sobre estos procesos deben ser accesible para el público a los fines de que la ciudadanía y los proveedores que puedan cumplir con los requisitos [transparencia] tomen conocimiento de estos. Además, los contratos deben adjudicarse a la oferta más ventajosa [competencia], lo cual, no solo ayuda a garantizar que los gobiernos no estén favoreciendo a ciertos proveedores sobre otros o que estén pagando de más por los bienes y servicios que necesitan, sino que además garantiza que obtengan el máximo valor por su dinero [eficiencia].

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A pesar de lo anterior, es común encontrarse con instituciones que han adoptado un enfoque excesivamente formalista, que limitan la participación de empresas y afectan la competencia en estos procesos a través de la exclusión injustificadas de oferentes a causa de errores formales que no afectan la sustancia de las ofertas presentadas ni la capacidad de los oferentes para cumplir con los requisitos esenciales.

Para superar el formalismo restrictivo y promover una competencia justa y abierta en los procesos de contratación, no solo es necesario evaluar la sustancia de las propuestas, sino también revisar que los pliegos de condiciones y asegurarse de que realmente reflejen las necesidades y objetivos del proyecto evitando poner un énfasis desproporcionado en aspectos formales triviales.

Dicho esto, es relevante resaltar que la contratación gubernamental se rige por un conjunto de principios esenciales, entre los cuales se encuentran los principios de participación, igualdad, libre competencia, y razonabilidad, los cuales en su conjunto, implican la inclusión de la mayor cantidad posible de competidores en los procesos de contratación, garantizando un entorno en el que los oferentes compitan de manera justa y sin restricciones innecesarias que puedan limitar su participación o perjudicar el desarrollo de una competencia equitativa.

En un análisis más detallado, podemos observar que el principio de razonabilidad establecido en la Ley Núm. 340-06, indica que ninguna actuación, medida o decisión de autoridad competente debe exceder lo necesario para alcanzar los objetivos de transparencia, licitud, competencia y protección del interés público. Esto implica que las decisiones de las entidades administrativas deben adaptarse dentro de los límites de sus facultades y mantener una proporción adecuada entre los medios utilizados y los fines públicos perseguidos.

Para lograr una contratación pública centrada en lo esencial, es recomendable seguir algunos principios y prácticas. En primer lugar, es fundamental establecer pliegos de condiciones claros y precisos, que definan de manera concreta los requisitos de participación, eviten ambigüedades y que, sobre todo establezcan requerimientos proporcionales al alcance y naturaleza del proyecto o servicio que se está convocando. Además, es importante permitir que los oferentes, dentro de plazos razonables y establecidos previamente, corrijan o aclaren defectos fácilmente subsanables, siempre y cuando no alteren sustancialmente la oferta o generen una ventaja indebida.

De igual manera, es crucial que las entidades encargadas de la contratación adopten una mentalidad proactiva y flexible, con la disposición de evaluar las ofertas en su totalidad, ya que, en ciertas instancias, algunos proveedores son descalificados simplemente porque su documentación no sigue el formato estandarizado, a pesar de que sus propuestas contienen la misma información. Este tipo de rigidez formal puede excluir ofertas que, en esencia, son valiosas y cumplen con los requisitos prefijados.

Asimismo, es necesario que las entidades contratantes cuenten con personal capacitado y especializado, que comprenda la importancia de centrarse en lo esencial y que sea consciente de los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y competencia justa, los cuales deben aplicarse de manera efectiva en los procesos de contratación. Además, es recomendable promover el intercambio de buenas prácticas, tanto a nivel nacional como internacional, ya que esto permite aprender de experiencias exitosas y adoptar enfoques más eficientes.

Para finalizar, es importante señalar que este enfoque no significa eliminar por completo los requisitos formales en la contratación pública, sino en encontrar un equilibrio adecuado entre los aspectos formales y sustanciales en los procesos de contratación, más racional y menos burocrático.