Hoy 
Aunque el Estado ya recuperara el control del sistema de semáforos, previamente apagado por particulares con unilateralidad para agredir masivamente la seguridad del tránsito y nacional, pervive la falta de explicación oficial y concreta, y no de forma vaga, sobre la falta de protección a los mecanismos de regulación vial con vacío de consecuencias legales tras días sin que las autoridades parezcan impactadas como si estos hechos hubieran ocurrido en la Cochinchina y no en el corazón del movimiento urbano.
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Pero surge otra preocupación con potencial de escándalo mayúsculo por la forma en que el expresidente Leonel Fernández atribuyó al contrato de Intrant con una firma privada el uso nocivo de invadir privacidades con recursos y capacidades en paralelo a las cámaras que vigilan el tráfico.
El Gobierno ha debido emitir un pronunciamiento oficial con un contenido de verdades irrefutables que libre de sospechas y escarnio a la proliferante función visual montada por el Estado y particulares que las 24 horas del día captan imágenes exclusivamente útiles contra el crimen. Circuitos electrónicos que de hecho, a diario ayudan a la Policía a seguir pistas seguras para la captura de maleantes y el esclarecimiento de graves sucesos callejeros.
El que los videos puedan, o se hayan empleado para fines contrarios al bien social, tiene que ser puesto en evidencia con garantías de medidas radicales contra cualquier desnaturalización futura.
