El insomnio del gabinete de la sombra y del equipo encargado de desfacer los entuertos de la actual administración, debe ser crónico. Están alerta 24 horas para encontrar la solución a los inconvenientes y evitar explosiones o fisuras en el orden.

Cuando un dictado superior pretende imponerse todo es posible.

Poco importa el ordenamiento jurídico. El temor al imperio de la ley que disminuye poder, divide competencias y obliga, permite la desfachatez. Imprescindible la prisa para justificar, encubrir, remediar y mantener invicto el pendón del paraíso.

La defensa y prevalencia de la división entre poderes, la majestad de los órganos autónomos es discurso hueco, coyuntural. Deviene en fantasía creer que el poder anida en espacios diferentes al ejecutivo y sus designios, pero hay que cuidar las formas y para eso la creatividad. El equipo se desvela y cuando asoma la fórmula, reparten el guion “urbi et orbi” para que el coro divulgue acompasado, la retórica salvífica, siempre acompañada de la injuria.

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Trastocan leyes adjetivas y sustantivas. Cada lance fortalece, en tanto y en cuanto la extorsión acorrala, la alienación se suma y repite insultos. De inmediato, los apóstoles de la ética actúan, guardan principios que antes contribuían a garantizar su credibilidad y colaboran.

El procedimiento ideado para enfrentar los sucesos recientes en la Cámara de Cuentas convierte en arlequines a los pilares del estado social, democrático y de derecho. Agreden la nación con explicaciones mendaces, burlescas. La arrogancia pretende imponer criterios presumiendo la ignorancia colectiva.

Con cinismo digno de mejores causas validan como remedio un disparatado acuerdo, suscrito por tres integrantes del órgano superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría. El texto, mezcla de esponsales y promesa de boy scouts, debió escandalizar a la aquietada comunidad jurídica.

El convenio en procura de la “Consolidación de una Cámara de Cuentas al servicio de la transparencia y la institucionalidad” parece propuesta de leguleyo para resolver un problema de derecho público.

Y las gradas aplauden. Sin veedores ni árbitros, los dueños del escenario hacen y deshacen y quedan los desechos de la institucionalidad agraviada. Ese convenido es un placebo. Desatino jurídico, quizás producto de la urgencia o de la convicción de que el ejercicio de la función pública puede acotejarse a conveniencia, privatizarse.

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Olvidó el creador del pacto que las actuaciones de los integrantes de la Cámara de de Cuentas están regidas por la Carta Magna y por la Ley 10-04. Un acuerdo inter partes, un contrato sinalagmático, no puede prevalecer, menos desconocer el orden público.

El funcionamiento de la Cámara de Cuentas depende de la ley, no de acotejos amistosos. Convertir en vodevil desmanes administrativos y penales, es atentar contra el estado de derecho.

Pronto el colectivo estará convencido del error, admitirá que la visita de tres integrantes de la Cámara de Cuentas a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, fue una alucinación.

Invento de autores y cómplices de la corrupción administrativa. La maldad retorció el propósito. Lo único real fue la intención de recabar fondos para comprar un bizcochito.