Loyda Peña 
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, que representa al Poder Ejecutivo en los casos de corrupción que se ventilan actualmente en los tribunales, continua siendo objeto de rechazo por parte de las defensas de los imputados que insisten en su ilegalidad.
El tema incidentó de entrada la audiencia preliminar del caso Coral, donde ayer los encartados tenían previsto iniciar sus réplicas a la acusación que les hace el Ministerio Público.
Francisco Álvarez, defensa de Adán Cáceres Silvestre, la razón social Madre Tierra y el Ministerio Cristo Vive, plantea que para el Estado pasar de víctima a querellante necesita de una actuación procesal que ni él ni el MP cumplió sino que lo dieron como un hecho.
“El MP dice en su acusación que admitió la participación del Estado como actor civil, pero no hay un acto que lo demuestre, y la ley exige, y hay más de 10 sentencias del Tribunal Constitucional también, que esa admisibilidad tiene que ser expresa, motivada y notificada a las partes por si quisieran recurrirla y eso no se hizo”, dijo Álvarez a la jueza Yanilbet Rivas.
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También Félix Porte
Un argumento similar presentó ante el sexto juzgado de la instrucción el abogado de Rafael Núñez de Haza y Rosa Disla, quien dijo que el MP justifica la representación del Estado la ley especial 14-02 que fue derogada por la Ley 76-02, de Código Procesal Penal.
“El Código procesal Penal; la ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público; y el artículo 169 de la Constitución, contemplan que el Estado sería representado por el Ministerio Público, lo que quiere decir que el Ministerio Público es básicamente quien tiene el monopolio de la representación del Estado dominicano”, dijo Porte a la jueza.
La audiencia fue aplazada para el miércoles 15.
