El gran desorden urbanístico de arrabalización, ocupaciones de riberas de ríos, arroyos, cañadas y pendientes peligrosas en ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y otras de la República Dominicana, se debe a la falta de una Ley de Ordenamiento Territorial.

Así lo considera la institución Ciudad Alternativa (CA), que hace propuestas de solución a los grandes males de habitabilidad y acompaña a los sectores marginados del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo para que puedan vivir dignamente.

Ricardo González, director ejecutivo de CA, expone que a falta de una Ley de Ordenamiento Territorial, tampoco los ayuntamientos cuentan con verdaderos departamento de planificación urbana, menos con normativas claras al respecto.

Como no existen normativas ni ley, indica, la expansión de la ciudad no se proyecta de manera ordenada y planificada, de ahí que muy pocos territorios en la República Dominicana hayan sido diseñados antes de ser ocupados.

Por el contrario, precisa, la gente se dedica a ocupar territorios por la necesidad que tiene de emigrar del campo a la ciudad, fruto del modelo económico de los últimos 50 años, que concentra la mayor inversión en los centros urbanos.

“Pero la ciudad no está preparada para recibir esa explosión masiva de poblaciones; de ahí que en los últimos 50 años pasamos de ser una sociedad evidentemente rural a una eminentemente urbana, en una relación de 80-20”, revela.

Puede leer: Paliza: «Trabajar en favor de las familias afectadas por las lluvias es nuestra prioridad»

Cinturones de miseria

Sostiene que alrededor del 80 por ciento de la población dominicana vive en las ciudades, mientras que apenas un 20 por ciento vive en la zona rural y semi rural.

Debido a esa realidad es que surgen barrios alrededor de las ciudades que existían de manera formal en el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Barahona, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia y en casi todas las provincias.

Esas provincias y sus municipios no contaban ni cuentan todavía con las herramientas para planificar el territorio, ni con los recursos previos para instalar los servicios fundamentales como calles con aceras y contenes, agua potable, sistemas de drenajes pluvial y sanitario, instalaciones eléctricas, entre otros.

Por eso, señala, que luego que un territorio cuenta con 100 o 200 mil habitantes, como es el caso del municipio de Los Alcarrizos, la explosión demográfica es de tal magnitud que no hay espacios siquiera para un cementerio, levantar escuelas y politécnicos, centros de salud, tampoco calles con el ancho y la longitud que requiere el crecimiento poblacional.

Por eso, explica, para llevar servicios de transporte, por ejemplo, haya que desalojar, pero para llevar servicios de agua potable, romper la vía que ya había sido asfaltada porque hay que excavar para introducir las tuberías, los cables de las telefónicas, etcétera.

“Vamos siempre inverso a la lógica, que sería que el suelo esté servido, con todos los servicios básicos instalados para que entonces la gente vaya construyendo, se desarrollen los proyectos habitacionales y comerciales, en suelo urbano planificado”, señala.

Luego desalojos

Considera que debido al desorden urbanístico en la ciudad, resolver el problemas de falta de servicios con calidad cuesta ahora el doble o triple a la sociedad y a las familias.

Indica que cuando llega la urgencia de tener que desalojar familias de un determinado territorio porque no está apto para vivir, el costo no es solamente económico sino humano, porque se rompe con la red de relaciones y de solidaridad con la que subsiste.

Además, la vida del desalojado se torna más compleja porque si antes su fuente de ingreso estaba a 15 o 20 minutos, con la expulsión su fuente de vida está a una o dos horas, por tanto gasta más recursos en transporte y pierde tres o cuatro horas en traslado.

Cuenta que más del 70% de las viviendas existentes en el país han sido construidas por las familias, sin planificación ni apoyo del Gobierno, en que no se toman en cuenta los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, vías de comunicación, entre otros.

Esa situación, afirma, conlleva a que las familias más pobres, sin recursos para comprar en lugares de calidad, ocupen las riberas de los ríos, cañadas, lugares cenagosos, pendientes, farallones y periferias de las ciudades.

De ahí que cuando llegan fenómenos atmosféricos, como tormentas, fuertes lluvias y otros, miles de viviendas desaparecen o quedan muy afectadas, como sucedió con el reciente huracán Fiona, en las provincias del Este y Noreste.

Por eso también con frecuencia se publican noticias de incendio de viviendas, por el mal estado del tendido eléctrico, o que un deslizamiento de tierra arranca la vida de personas o las deja sin techo al quedar sepultadas.

Viene caos vial

Cree que el caos vial que se observa en el Gran Santo Domingo y Santiago se debe a que tampoco existe una política de descentralización que permita que otros territorios similares e intermedios se desarrollen.

Urge que se apruebe la Ley de Ordenamiento Territorial, que se desarrolle la institucionalidad municipal en materia de planificación urbana, y que los cabildos cuenten con los recursos suficientes para que puedan organizarse y aprobar normativas.

Aboga porque cada municipio desarrolle un Máster Plan de desarrollo en el cual se establezca el crecimiento de la población y hacia dónde se dirige.