El papa Juan Pablo II ha retomado el tema de la corrupción en la vida pública, uno de los vicios más arraigados en los regímenes de estos países subdesarrollados o tercermundistas.

En una catequesis ante miles de fieles, el líder católico enfocó este aspecto como «plaga que sigue siendo una infame realidad», conjuntamente con la usura y otros males sociales que azotan a muchos países del mundo.

Para muchos, la corrupción se contrae al usufructo de lo material, al manejo doloso de los recursos económicos y otros bienes que pertenecen al Estado, es decir, a todos los dominicanos. Sin embargo, este concepto que ahora ha tocado el Papa es más amplio y envolvente, pues incluye las actitudes humanas desde posiciones de Estado en perjuicio de otros, el uso de los cargos públicos para influir en voluntades y torcerlas en favor de causas propias o del grupo al que se pertenece, la compra de impunidad para encubrir el delito o el crimen, o el uso distorsionado de la Justicia como instrumento de sumisión del adversario político.

En nuestro medio, el principal delito de corrupción cometido por los gobiernos ha sido la no persecución del pecado contra los bienes del Estado de una manera seria, realista y con verdadera vocación de justicia. Algunos entienden que la no persecución del delito contra el Estado es una forma de comprar impunidad y de narigonear la voluntad -política o de cualquier otra índole- del que mereciere ser perseguido. La otra variante de corrupción ha sido la persecución selectiva con el propósito de descalificar a adversarios políticos a quienes les son «desempolvados» a conveniencia expedientes judiciales que contienen acusaciones que jamás llegan a la fase de la prueba condenartoria.

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Los dominicanos hemos vivido eso que preocupa tanto al Sumo Pontífice como líder conocedor que es de los daños y calamidades que la corrupción ha causado a estos pueblos.

Aquí la lucha contra la corrupción ha sido escarceo de distracción, circo de mal gusto, un libreto ajustado a conveniencias del ejercicio político y sus actores del momento. Eso explica que cobren vigencia o desaparezcan del ambiente, según momentáneas conveniencias, las siglas «DEPRECO», que corresponden al Departamento de Prevención de la Corrupción, una dependencia de la Procuraduría General de la República que en su momento armó gran escarceo, y que tiene en su poder numerosos expedientes de actos de corrupción cuya realidad o falsedad no ha sido en ningún momento pronunciada por tribunal competente alguno.

Al margen de esa voluntad condicionada a lo político que maneja en este país la lucha contra la corrupción, hay actos que merecerían sanciones, aun que fuesen de orden ético o moral, para quienes tomen o propicien la toma de los poderes que otorga el voto para meter en el ámbito institucional cuñas que procuran acomodar el ordenamiento jurídico a las particulares conveniencias de un partido o facción del mismo.

El llamado del papa Juan Pablo II para acabar con toda forma de corrupción en la vida pública se ajusta como anillo al dedo al estilo de vida que nos ha correspondido a los dominicanos.

No es extraño, entonces, que gente que ha agotado cuotas de poder en el ámbito del Ministerio Público haya observado, en su momento, que no hay en este país voluntad política para combatir la corrupción como debería ser combatida, de la manera que pide el Papa.