Siempre se ha dicho que la mejor defensa es el ataque, una máxima en la que parece creer a pie juntillas el suspendido juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, y si ese ataque sirve también para confundir a la opinión pública mucho mejor todavía.

Es por eso que puede afirmarse que su carta pública, en la que acusa al Ministerio Público de pretender secuestrar “el poder decisional e independencia de los jueces”, tiene todas las características de una cortina de humo con la que pretende desdibujar la realidad de los hechos para emerger como una víctima de su “avasallante persecución”.

La maniobra de distracción tiene además un doble propósito: conseguir el apoyo y solidaridad de sectores golpeados por los procesos contra la corrupción que lleva en los tribunales la PEPCA, a los que hay que sumar los que cocina a fuego lento para darles mayor solidez y consistencia, al tiempo que siembra dudas en la opinión pública sobre sus intenciones en este caso, en el que actúa respondiendo un requerimiento del Consejo del Poder Judicial.

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Pero la mentira, como se ha demostrado ya tantas veces, tiene las patas cortas, por lo que con el paso de los días saldrá a la luz la verdad sobre las razones por las que el magistrado Rodríguez Consoró fue suspendido por el Consejo del Poder Judicial, no por el Ministerio Público, por alegadas faltas graves durante el ejercicio de sus funciones. Por ser tan graves esas faltas fue que la Inspectoría del Poder Judicial, que durante su investigación alega haber encontrado indicios que dan razón para abrir una investigación penal en su contra, remitió el caso a la PEPCA.

Pero eso ha convertido al órgano persecutor de la corrupción en blanco de sus ataques, como si no tuviera mejor argumento para defenderse que tratar de destruir su credibilidad antes de que empiece su investigación, lo que suelen hacer los que se saben culpables.