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FEDERICO HENRÍQUEZ GRATEREAUX
Uno de los grandes problemas permanentes de administración publica es el de la coordinación. En los países del desaparecido bloque socialista este problema era prácticamente insoluble. La planeación centralizada de la producción sometía toda la economía al rigor de una camisa de fuerza. Si se planificaba lo concerniente a la energía y a las minas, era preciso planificar también los transportes, las carreteras y caminos vecinales, las comunicaciones. Cada sector de la economía «complicaba» o comprometía otros sectores conexos, próximos o distantes. Cualquier daño o limitación de un aspecto determinado de la economía soviética, afectaba negativamente el conjunto.
En las economías de mercado la coordinación es tan importante como en los regimenes centralizados o totalitarios, pero se desliza sobre unos rieles más eficientes. Si una empresa fabricante de automóviles compra bombillas eléctricas a un suplidor que no entrega los pedidos a tiempo, es previsible que esa organización contrate los servicios de otro suplidor de bombillas y artefactos eléctricos. La eficiencia del régimen económico capitalista cuelga, casi por completo, de la competencia. Digo casi porque hay que contar también con la «tecnología apropiada» y la capacidad gerencial. En estos puntos el capitalismo es superior a cualquiera otra forma de organización económica. Sigue siendo verdadero que el capitalismo produce ciclos económicos y mala distribución del ingreso. Ahora bien, existen amplias zonas de la vida colectiva que se desenvuelven bajo un estatuto mixto. Este es el caso de la energía eléctrica, el de los transportes públicos, el de los servicios de agua, remoción de la basura.
Los llamados «servicios públicos» pueden muy bien ser manejados por empresas privadas; pero no dejan por eso de ser públicos, aunque no sean estatales. Al menor conflicto con los usuarios el «poder publico» se siente obligado a intervenir. Esas «intervenciones» toman a veces la forma de subsidios, como ocurre en algunos países con los trenes, tranvías, autobuses. Generadores y distribuidores de energía eléctrica representan dos actividades que, a pesar de ser privadas, no escapan a la intervención del Estado. Sea en lo que atañe a las tarifas vigentes, sea por las interrupciones del flujo de la energía o por la contaminación producida por esta o aquella planta, los gobiernos suelen intervenir: con el declarado propósito de «servir al interés publico», evitar «conmociones sociales»; y también por motivos cambiarios o puramente administrativos.
No es mi deseo entrar en el examen de estos asuntos concretos: electricidad, transporte publico, dos temas de viva actualidad. Me interesa solamente destacar el hecho de que los gobiernos – de cualquier signo ideológico, político o económico -, están obligados coordinar «acciones publicas» en torno de unas pocas actividades de gran trascendencia social. Es obvio que entre esas actividades hay que mencionar las relacionadas con el agua, la electricidad, el transporte, la salubridad, la educación. El Estado dominicano interviene en todos estos campos a través de estímulos indirectos, facilidades operativas, exoneraciones de impuestos, contratos, subsidios, reglamentaciones especiales, etc.
Muchas de estas iniciativas podrían ser justificadas de varios modos. Tampoco trataremos de valorar su mayor o menor pertinencia. Lo importante es que existen y requieren de la coordinación de unas medidas con otras. En ocasiones son contradictorias y causan parálisis en quienes deberían cumplir dichas normas; otras veces se anulan mutuamente o son contraproducentes. Así como se ha discutido la necesidad de un ombudsman, de un defensor publico que vigile la conducta de los funcionarios gubernamentales, debería designarse un «costurero extraordinario y plenipotenciario», encargado de coser la colcha de retazos creada por tantas disposiciones acerca de servicios públicos y cuentas nacionales.
Es imperativo ir estableciendo un «sistema de congruencias», económico y administrativo, so pena de naufragar en el mar de sargazos que es actualmente la administración publica en RD. La simple coordinación entre departamentos, entre «políticas sectoriales», haría infinito bien a la marcha de la economía. Tal vez tenga el efecto añadido de suavizar grandes disgustos políticos y hasta el de evitar daños concretos a grupos muy débiles. Coser colchas de retazos es un trabajo característico de sociedades pobres: Aprovechar trapos de diversos colores, que están disponibles, y darles el aspecto útil y «encubridor» de una manta. Es seguro que al unir los pedazos quedará en claro que algunos trozos no tienen consistencia suficiente para ser partes de una colcha de pobres. Y, finalmente, serian desechados al ser incongruentes con el resto del rompecabezas nacional dominicano. ¡Adivina, adivinador, y chocarás con un tren subterráneo! ¿Podrán imbricarse armoniosamente la política monetaria y la política fiscal? ¿Será posible mantener la inversión publica en los niveles fijados por el FMI?
