El movimiento cívico Marcha Verde consideró correcta la decisión del Concejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago, al declarar este municipio en estado de emergencia pública y riesgo, a través de la resolución 3260-20, ante el impacto negativo que viene teniendo el COVID-19 en la población.

«El hecho de que Santiago ocupe el tercer lugar con más personas infectadas en el país, con 274 y 8 fallecidos y el primero del Cibao, según Salud Pública, constituyen razones suficientes para esta resolución. Más aún, cuando se desconoce la cantidad real de infectados, porque a muy pocas personas sintomáticas y posibles portadoras, se les ha hecho la prueba en todo el territorio, por lo que la cantidad de afectados pudiese ser varias veces superior a lo informado», manifestó la entidad.

También indicó que las enormes dificultades para la realización de las pruebas han provocado, que personas con capacidad económica tengan hasta 4 semanas esperando para esto, incluyendo a profesionales de la salud. «Esa situación es más grave aún para la población pobre e indigente contaminada y potencial a ser infectada, por eso, es necesario encaminar los esfuerzos que sean imprescindibles para frenar la expansión del virus, que es salvar vidas», resaltó.

Sin embargp, dijo que darle plenos poderes durante los 100 días de la emergencia a Abel Martínez, para hacer y deshacer, es un grave error del Consejo de Regidores, un exceso abusivo, conociendo la vocación de dictador, de usurpador de las funciones de la Policía Nacional, policía de Amet y la Dirección de Migración; sus reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la incautación de bienes, violación de domicilio, apresamientos ilegales, maltratos físicos y psicológicas a trabajadores informales, y el uso de armas de fuego contra ciudadanos.

Señaló que a todo lo anterior hay que agregar, la poca transparencia con la que ha manejo los recursos económicos y humanos del Ayuntamiento, como lo evidencian los expedientes en su contra sobre el Presupuesto Participativo durante los cuatro años de su primera gestión, y el contrato de las luminarias de la ciudad, para solo citar dos casos.

«El síndico Martínez no se ha ganado la necesaria confianza para otorgarle ese nivel de independencia. Está pendiente que él le explique a la población, las constantes denuncias del uso de los recursos públicos para sus campañas en las primarias del PLD (2019) y las elecciones municipales de marzo (2020). De igual forma, su papel en el festival de contratos, que durante su presidencia en la Cámara de Diputados, hizo aprobar de urgencia y los sobornos que Odebrecht admitió pago para esos fines», agregó.

Por todo lo indicado, el movimiento dijo que demanda, que el alcalde Abel Martínez, durante el tiempo que dure la emergencia, de manera sistemática, informe a Santiago y el país, por la vía de la página web y la oficina del Libre Acceso a la Información Pública del ayuntamiento, además, a los medios de comunicación nacionales:

1. Sobre los recursos recibidos mientras dure el estado de emergencia, las fuentes de procedencia, los montos recibidos y los conceptos de los mismos, de manera auditables.

2. Los detalles auditables, acerca de las inversiones y gastos en que se incurran con cargo a ingresos recibidos, con las correspondientes justificaciones administrativas, en especial, con estricto apego a las leyes 340-06 y su reglamento 543-12, y la 176-07 sobre los ayuntamientos.