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La credibilidad de la Policía Nacional vuelve a estar en tela de juicio por los más recientes presuntos intercambios de disparos, por los cuales han muerto 54 personas en lo que va de año, como denunció el defensor del pueblo, Pablo Ulloa.
Ulloa manifestó su preocupación «porque la velocidad con la que se reproduce esta información en los medios de comunicación no permite a la ciudadanía que la recibe forjarse una opinión adecuada sin que se produzcan dudas razonables en una sociedad democrática».
Pero, además, otro de los casos que han generado dudas sobre el accionar de la institución encargada de velar por el orden es la muerte de un recluso en el penal del kilómetro 15, en Azua, luego de que el interno secuestrara al comandate del recinto, el coronel Ricardo Bidó.
Para el abogado Aneury Mercedes no descarta la posibilidad de que su cliente haya sido enviado a matar, debido a su intento de poner orden en el recinto penitenciario, afectando así intereses millonarios.
Aclaró que no existía ninguna relación, y mucho menos de negocios, entre el comandante y su secuestrador, Maikol Deivy Ramírez (Yembron), quien resultó muerto en medio de la operación desplegada por fuerzas policiales tácticas.
«Como Bidó llegó con mano dura, poniendo orden ahí, es posible que a ese interno lo hubiesen enviado a matar a Bidó. ¿Por qué? Cuando una persona llega nueva a una cárcel, afecta intereses millonarios. ¿O no se recuerdan lo que dijo Roberto Santana (miembro de la Oficina Nacional de apoyo a la Reforma Penitenciaria) una vez, que en la cárcel de La Victoria se movían semanalmente más de 25 millones de pesos o algo así? Entonces, se afectan intereses millonarios», sostuvo el jurista.
Se recuerda que en abril de 2024 el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que en República Dominicana la Policía Nacional viola derechos humanos.
