Criminales imperdonables. Robarse los fondos destinados por el programa de auxilio social Supérate de la Presidencia a favor de los más desposeídos del país, equivale a quitarle el pan de la boca a un tísico. Por esto las autoridades deben empeñarse en apresar y someter a la justicia a todos los involucrados en el robo de más de RD$300 millones destinados a aliviar la situación de miseria en que viven miles de dominicanos afectados por la crisis que provocó la pandemia del covid-19 y agravó la situación económica mundial originada por la invasión militar de Rusia a Ucrania.

Al referirse al tema, en el inicio de entrega de 300,000 tarjetas adicionales a favor de personas de escasos recursos, el presidente Luis Abinader fue enérgico al asegurar que los responsables del fraude que afecta a más de 30 mil personas vulnerables, serán perseguidos y castigados ejemplarmente por sustraer dineros del Estado.

Por su parte, la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, aseguró que en el fraude, por el que investigan a 86 establecimientos comerciales, participaron otros sectores que están siendo identificados para ser incriminados. Confiamos en que todos los involucrados en este vergonzoso fraude sean sometidos a la Justicia, multados, condenados a prisión y a devolver todo lo robado.

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Por: Fernando Rodríguez C.
El retiro de las conversaciones sobre las posibilidades de modificación a la Constitución de la República escenificado por el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD de Miguel Vargas Maldonado, no debe sorprender a nadie y representa un indicio de lo que podría suceder en las elecciones del 2024 partiendo de que la naturaleza de las dos primeras organizaciones políticas es la misma aunque coyunturalmente se encuentren separadas por el manejo poco inteligente de Danilo Medina cuando, en las elecciones pasadas, impuso al ingeniero Gonzalo Castillo en la candidatura presidencial del PLD obligando a Leonel Fernández ha abrir tienda aparte.

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Los motivos baladíes que enarbolaron los representantes de las tres organizaciones políticas para oponerse a que se conozca el proyecto de modificación constitucional y la beligerante actitud del expresidente Fernández ante cualquier posibilidad de cambios en la Carta Magna, traen a la mente la aseveración del prestante jurista Cristóbal Rodríguez Gómez cuando afirmó que la reforma de 2010, propiciada por Leonel, que pudo ser la oportunidad para robustecer la independencia de la Justicia y la imparcialidad de los jueces, se utilizó en la ocasión “…para la puesta en marcha de un sofisticado proceso de control político partidario de la justicia”.