Los argumentos utilizados por quienes se abstuvieron de votar en la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el caso de Venezuela, se reducen a una pugna política entre actores radicalmente opuestos por falta de diálogo.

Se requiere ubicar en contexto la lucha constitucional, que procede del desconocimiento de poderes que se atrevan a disentir de la política del presidente de la República, Nicolás Maduro. Destacando que la última elección llevada a cabo en Venezuela, la ganó la oposición con una amplia mayoría que, desde sus inicios en la Asamblea Nacional (AN) ha sido desconocida. Con el agregado de la suspensión de elecciones por parte del organismo electoral que flagrantemente trasgrede normas y favorece al partido de gobierno. No convocando elecciones previstas, obstaculizando cualquier proceso de convocatoria y hasta suspendiendo partidos sometiéndolos a largos proceso de legalización.

Es menester señalar que la actitud poco profesional de la cancillería venezolana, al insultar y vejar a sus pares en la Asamblea General de la OEA, es la misma actitud que asumen al dialogar con la oposición. En definitiva, el Gobierno venezolano cada día que pasa revive con sus actuaciones la novela satírica del George Orwell: La “Rebelión en la Granja”. Hoy se ve reflejada en Venezuela esa mezquina actitud de poder que ha originado un conflicto entre instituciones que terminan por amenazar la vida republicana de Venezuela.

Pretendo por esta vía describir los sucesos que caracterizan la pugna como institucional, razón por la cual ningún Gobierno de la región debería abstenerse:

El Gobierno, al verse derrotado en la elecciones parlamentarias de 2015, designó sin el debido proceso legal a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 27 de diciembre los nuevos magistrados suspendieron sus vacaciones judiciales(situación que nunca había ocurrido) para dar sala. Sorpresivamente distintos dirigentes y voceros políticos pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) introdujeron en el TSJ una querella contra las elecciones de los diputados del estado (provincia) Amazonas por un presunto fraude. Seguidamente, de forma exprés el amparo favoreció al Gobierno y los diputados de la entidad no pudieron juramentarse el 5 de enero del 2016.

El bloque mayoritario de la oposición, luego de un tiempo prudencial de respetar las reglas de juego, entendió que las reglas solo sirven a un régimen que solo quiere beneficiarse. Procediendo a juramentar a los diputados electos por Amazonas. Procedieron a incorporar a los diputados, provocando la indignación de la bancada oficialista. El punto llego a ser discutido en la mesa de negociación presidida por los expresidentes y el Vaticano, la oposición accedería a desincorporarlos pero ante el incumplimiento del gobierno (revisar comunicado del cardenal Pietro Parolin 1/12/16) vuelven a su curul.

La crisis aflora ante la necesidad del Ejecutivo de contar con aprobaciones de índole económica, razón por la cual nuevamente el TSJ dicta sentencia que se abroga el poder legislativo. Esta irregular acción judicial fue causa de una condena internacional que incluso provocó el reparo de dicha sentencia, pero trajo consigo el reclamo y la distancia de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Sus críticas han generado el rechazo del Gobierno y existen jugadas en el seno del TSJ para otorgarle al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, las funciones del Ministerio Público (MP) y hasta la destitución de la misma.

La Constituyente como propuesta es una farsa montada en la que se tergiversa la expresión del poder popular entre todos los venezolanos. No es democrático. Las palabras de Nicolás Maduro sobre la posibilidad de detener la revolución bolivariana asumirían con las armas lo que no lograron con los votos. Revelando las verdaderas intenciones de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con el formato presentado solo busca asegurar el poder para Maduro y compañía.

Es necesario que la comunidad internacional entienda que no es un problema entre políticos, no es una pugna entre partidos políticos. Es una lucha por la totalización del poder por parte de un grupo de actores que desconoce cualquier crítica, amenazando la estructura republicana y democrática de Venezuela.