Tomando como punto de referencia lo que está escrito en el papel, el objetivo troncal de la Ley 87-01, consiste en: “Establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en el marco de la Constitución de la República Dominicana, para regularla y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales”.

La esencia de las motivaciones y justificaciones que acompañan la Ley 87-01, son convincentes y modernas. Además, la referida ley establece los principios por los que se regirá el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por ejemplo: universalidad, obligatoriedad, integralidad, unidad, equidad, solidaridad, libre elección, pluralidad, separación de funciones, flexibilidad, participación, gradualidad y equilibrio financiero. Hasta los chinos de Bonao saben que el diálogo tripartito no ha agregado ningún tipo de valor al modelo de la seguridad social dominicana.

La elegancia, el carácter humano y el espíritu social de la redacción empleada para establecer los contenidos de la Ley 87-01, se desvanecen cada vez que un ciudadano requiere un servicio proveniente de la seguridad social, relacionado con pensiones, salud o riesgos laborales. En pocas palabras, la seguridad social dominicana es mucha espuma y muy poco chocolate. Es decir, el Sistema Dominicano de Seguridad Social actual, es un instrumento legal, injusto, inhumano, indigno e incluyente, el cual solo sirve para hacer más ricos a los dueños de las AFP y ARS.

Por lo general, los órganos tripartitos que dirigen, regulan y administran los procesos y la toma de decisiones alrededor del Sistema Dominicano de Seguridad Social, defienden más los intereses privados que los públicos. Para comprobar el tamaño de este sesgo, basta con revisar las resoluciones emitidas por los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). La realidad es que el modelo dominicano de seguridad social ha sido estructurado para defender y proteger los múltiples intereses de las AFP y ARS.

Luego de más de veinte años operando, el modelo de seguridad social que impera en la sociedad dominicana, desde sus inicios, ha manifestado tener serias limitaciones para conocer y satisfacer las expectativas y necesidades de sus afiliados. Cada vez son más los ciudadanos, las organizaciones sociales y profesionales que reclaman pensiones dignas, servicios de salud con calidad y pagos justos al personal médico.

Bien harían los líderes políticos, empresariales, laborales, académicos, así como los funcionarios gubernamentales de hoy, en poner más y mejor atención a las múltiples consecuencias que pudiesen derivarse de un sistema de seguridad social injusto, excluyente, ineficiente e inhumano como el actual. El nivel de insatisfacción que de manera continua expresan los ciudadanos y la cantidad de reclamos que vienen haciendo los profesionales de salud, a los que dirigen, regulan y administran la seguridad social dominicana, podrían estar facilitando la presencia de movilizaciones sociales, similares a las del 4 % para la educación y el de Marcha Verde. En todas partes del mundo, la seguridad social es un derecho fundamental.

A juzgar por la calidad, cantidad y pertinencia de los resultados alcanzados por el Sistema Dominicano de Seguridad Social, al cabo de veinte años de operaciones, se llega a la triste y lamentable conclusión de que ha sido un gravísimo error permitir que el Estado haya puesto la seguridad social en los bolsillos de los empresarios. En este sentido, el artículo 8 de la Constitución de la República establece que “el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez”;

Es como siempre ha dicho el relato de la Coalición por la Seguridad social Digna: “La sociedad dominicana necesita un modelo de seguridad social ciento por ciento diferente al actual, ya que la Ley 87-01 convirtió la salud en una mercancía y al Estado en mero garante de las ganancias y corrupción legalizada de las grandes empresas, llamadas AFP y ARS. Ellas no están para garantizar salud y pensiones, si no para asegurar su rentabilidad, negando derechos a la población”

“Necesitamos un cambio de modelo, sin dueños privados, donde el Estado garantice y proteja el derecho a la salud, pensiones y seguridad social para toda la gente, con un Seguro Nacional de Salud que cubra todos los servicios, medicamentos y pague bien al personal médico. Un sistema donde nos podamos retirar dignamente, y donde se cumpla con el 4 % del PIB para la salud”. (Coalición por la Seguridad social Digna, octubre, 2022).

Por más esfuerzos de marketing y cabildeos que planifiquen, ejecuten y controlen los directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), así como los directivos y ejecutivos de las Asociaciones Dominicanas de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) y de Riesgos de Salud (ADARS), las limitaciones e ineficiencias que rodean la gestión de los procesos y la toma de decisiones del SDSS, son muchas y grandes para ocultarlas. Lo que está a la vista, no necesita espejuelos. La dirección, regulación y administración de la seguridad social dominicana actual, operan para salvaguardar las fortunas de los dueños de las AFP y ARS y negarles derechos fundamentales a los ciudadanos.

¿Por qué a los incumbentes del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), a los de las Superintendencias de Pensiones (SIPEN) y Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), así como a los de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado (DGJP, se les dificulta tanto entender el principio básico de la administración moderna, el cual dice: “Lo que no funciona hay que mejorarlo o cambiarlo”?