Es sorprendente ver cómo se ha producido en nuestro país una insólita convergencia entre una variopinta y tradicionalmente irreductible oposición política y social con un Gobierno. Indudablemente que la pasión y la emotividad, dos de los elementos consustanciales al nacionalismo cerril, hoy más que nunca, constituye el pegamento de esa convergencia en torno al tema de la migración. El Presidente de la República inició un sostenido proceso de reclamo a los países más directamente relacionados con la crisis que acogota Haití para que contribuyan a sacarlo del marasmo, pero asumió una retórica que, consciente o inconscientemente, lo sintoniza con el referido grupo.
Asumió el mito de que esos países quieren que el nuestro asuma solo la crisis haitiana, un mito porque como el nuestro, esas naciones saben que eso es inviable. Igualmente, repite la insostenible afirmación de que la migración haitiana es una carga para el país. Está lejos de ser una carga una mano que aporta casi el 10% del PBI de un país que, quiérase o no, es imprescindible para los sectores agropecuario, construcción, turismo y sumamente importante en el servicio doméstico. Eso implica controlar las migraciones y saber convivir con ella.
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Es cierto que, en nuestro caso, el número de indocumentados sobrepasa lo razonablemente soportable y que en eso contribuye la irresponsabilidad de la clase política haitiana, pero no menos cierto es que como Estado, el dominicano no ha sido capaz de diseñar una política efectiva para solucionarlo. Todo lo contrario, la endémica corrupción en nuestras instituciones dificulta los procesos de regulación, el mal trato, la extorsión, el macuteo a quienes buscan sus papeles constituye una obscenidad, una falta de institucionalidad, un irrespeto a derechos y a la dignidad de personas que buscan regularizar su estatus. Con ese contexto de deficiencias, una política de expulsión masiva de inmigrantes sin un claro protocolo es inviable.
Nueve sacerdotes y sus parroquias de la provincia de Dajabón, cuando denuncian actos de violación de derechos humanos, la expulsión de niños que no conocen Haití y sin certeza alguna sobre la suerte que correrían en ese país. Dicen ellos, con toda razón, que las autoridades militares y policiales que se ocupan de los apresamientos y expulsiones carecen del número y la formación profesional adecuada para llevar a cabo un proceso de expulsión masivo. Estamos en la antesala de un proceso electoral y en la política migratoria del Gobierno se han montado FP como el PLD, por lo cual el migratorio será un tema de campaña, lo cual puede ser nefasto para el Gobierno y para el país.