Es que este año entró en vigor en Europa una ley aprobada el año pasado por el Parlamento Europeo, que obliga a los vendedores y fabricantes de electrodomésticos y aparatos electrónicos a garantizar la reparación de los productos durante, al menos, 10 años.

La iniciativa pretende reducir la basura tecnológica que se genera en el viejo continente. La decisión del organismo legislativo fue asumida tras una encuesta en la que cerca del 80 por ciento de los ciudadanos se mostró de acuerdo en que debía ponerse fin a la práctica de la obsolescencia programada de las empresas que limitaban la vida útil de los aparatos electrónicos.

Además de la Unión Europea, la decisión ha sido asumida por el Reino Unido, en lo que se conoce ya como “nuevo derecho europeo”, cuyo fin es terminar con la era de la obsolescencia programada, esa a quien se le atribuye el gran cúmulo de desechos electrónicos que inunda al planeta.

La nueva ley obliga a los fabricantes a asegurarse de que habrá piezas de reemplazo disponible durante una década. También de que habrá empresas profesionales de reparaciones para asegurar que las mismas sean instaladas de manera correcta.

La ley manda a que cada aparato electrónico o electrodoméstico debe contener un manual de reparación y su fabricación debe asegurar que se pueda desmontar con herramientas convencionales, cuando el aparato no tenga la posibilidad de ser reparado y de esa manera se pueda integrar al reciclaje.

Con la medida se termina la mala práctica de tirar el aparato y se incita a comprar uno nuevo, cuando se ha demostrado que si se repara se le da una segunda vida y se amplía su tiempo de uso y se logra reducir la contaminación y mejora para la economía de los usuarios.

El “derecho a reparar” conduce a la economía circular, que ya no es solo un sistema de marketing, sino un nuevo modelo de negocios.

La norma europea exigirá también un etiquetado claro y visible sobre la “reparabilidad” de sus productos y prohíbe los insumos eléctricos de un solo uso. El etiquetado es obligatorio y debe proporcionar “información clara, inmediatamente visible y fácil de entender para los consumidores”.

La norma obliga también a que se informe sobre la vida útil estimada del producto y la capacidad que tiene el bien adquirido para ser reparado. Esta información debe aparecer al momento de la compra.

El “Derecho a Reparar” implica un empuje y apoyo a los mercados de segunda mano, a la reaparición de los talleres de reparación y respalda la producción sostenible.

Entonces los europeos pueden reparar sus Smartphones, sus tabletas, portátiles y los electrodomésticos, amparados en una ley y como un nuevo derecho. También a tomar decisiones acertadas que es uno de los derechos de los consumidores y de los usuarios de bienes y servicios.

El “derecho a reparar” se enmarca en las medidas del Pacto Verde Europeo, previsto para aumentar el bienestar y la salud de los ciudadanos actuales y las generaciones por venir.

Con la medida se termina la mala práctica de tirar el aparato

Los europeos pueden reparar sus smartphones, sus tabletas