Vi al ministro de Educación, Ángel Hernández, comparecer a un programa televisado en el que desafió a dos despistados conductores para que le presentasen una sola escuela pública en la cual se ha priorizado la inscripción de niños hijos de inmigrantes ilegales haitianos en detrimento de infantes dominicanos.
Los entrevistadores callaron, no pudieron aceptar el reto del ministro. Uno de ellos apenas balbuceó: “eso es lo que está regado en las redes”, señal de inexcusable falta de ética profesional al propagar especulaciones y versiones noticiosas falsas, sin someterlas al rigor de la comprobación material. De fake news está plagado el periodismo nacional y digital, ni hablar de las redes sociales, especialmente en temas tan sensibles como el de la inmigración ilegal y el histórico diferendo dominico-haitiano, fomentadores de la desmesura patriotera.
Si relevante fue el reto lanzado por el ministro, mejores fueron sus argumentos. Tanto el acceso a la educación y a la salud pública son derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y las escuelas no pueden cerrarse a niños extranjeros ni tampoco los hospitales, situación que no ocurre con los niños dominicanos hijos de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá o España, para solo citar algunos, en los cuales disfrutan de derechos protegidos.
Puede leer: Don Valdez Albizu, un gobernador extraordinario
De proceder contrariando lo que consagra el Derecho, el país se abocaría a implantar una política discriminatoria, de segregación por nacionalidad, capaz de conducir irremisiblemente hacia la instauración del apartheid, tipo Estados Unidos hasta mediados de los 60s, o Sudáfrica hasta Nelson Mandela, contra sus respectivas poblaciones negras.
Hernández demostró que es falsa la afirmación de que las escuelas públicas discriminan dominicanos para privilegiar haitianos.
No creo que impera en la República Dominicana el racismo anti haitiano en las políticas públicas ni en el comportamiento social general del pueblo dominicano, pero determinadas conductas y opiniones de activistas políticos y manejadores de medios, contribuyen a fomentar esa percepción en la comunidad internacional, el odio y la conflictividad entre Haití y la República Dominicana.
Como todas las concepciones racistas, la segregación, el apartheid, se fundamenta en la supuesta superioridad de una raza humana sobre la otra, y, en ocasiones, muchos dominicanos se sienten superiores a los haitianos. A pesar de que teóricamente significa que las personas de distinta raza o nacionalidad tienen iguales oportunidades, pero por separado, en la práctica el apartheid puede someter a la mayoría a humillantes discriminaciones en la vida social, política y económica, y negar el acceso de niños a la escuela y a parturientas a hospitales, constituyen indicios preocupantes de discriminación y violación de derechos fundamentales.