Un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo Integral con el apoyo de la USAID, cuyos resultados publicó ayer El Nacional, confirma lo que ya sabíamos porque así lo han puesto en evidencia, durante años, las denuncias de residentes en los llamados barrios calientes, en este caso de la zona norte de la Capital: la gente no confía en la Policía, y le tiene más miedo a sus miembros que a los delincuentes con los que está obligada a convivir.

Y es natural que así sea, pues según los hallazgos del estudio, que incluyó los barrios de Capotillo, Cristo Rey, Guachupita, Gualey y el Ensanche Espaillat, entre otros, la percepción de sus residentes es que los policías protegen a los delincuentes a cambio de dinero, el famoso peaje del que tanto se habla y se denuncia, y son demasiado agresivos con los jóvenes, a los que apresan por tan solo llevar una “pelada caliente” o usar tatuajes.

Pero esa desconfianza tiene otra consecuencia: sus residentes no denuncian los robos y atracos de los que son víctimas por temor a represalias de los tígueres, pero más que nada porque consideran que las denuncias son tan solo un trámite burocrático sin resultados ni consecuencias.

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Nada que no supiéramos ya, insisto, por lo que puede afirmarse que ese estudio es redundante; pero también oportuno, sobre todo en estos días, que se ha puesto de moda hablar mal de la Policía que tenemos, entre otras cosas porque es la Policía por la que pagamos. Que no podemos desbaratar por completo en un día para hacer una nueva al día siguiente, como quisiera tanta gente indignada por las muertes a golpes de tres jóvenes cuando estaban detenidos.

Un objetivo poco realista, que conviene poner a un lado para concentrarse en lo posible. Siempre y cuando, claro está, se actúe con la urgencia que amerita cambiar ciertos comportamientos de la Policía que son absolutamente inaceptables, pero que se consideran, como si se tratara de un impedimento insalvable, parte de una “cultura”.