Cury califica de “sinsentido” pedimento de Marcha Verde sobre partidos

Cury califica de “sinsentido” pedimento de Marcha Verde sobre partidos

El abogado Julio Cury declaró hoy que la Ley Electoral no les prohíbe a los partidos políticos recibir donaciones de sociedades comerciales, lo que según aseguró es la constructora multinacional Odebrecht.

Las declaraciones del jurista se producen luego de que el colectivo Marcha Verde advirtiera ayer sobre la necesidad de incluir en el expediente de Odebrecht una investigación penal exhaustiva sobre el presunto financiamiento ilegal de las campañas por parte de la multinacional en las elecciones del 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016.

Cury dijo que se trata de un sinsentido, «pues aunque la ley vigente reputa ilícitos los ingresos provenientes de grupos económicos, se trata de una infracción atribuible al partido político y no a los candidatos postulados».

Asimismo, expresó que aunque el art. 55 de la Ley No. 275-98 prohíbe que los partidos políticos acepten contribuciones de grupos económicos, «se trata de un concepto que la doctrina y jurisprudencia comparadas han definido como la integración de dos o más sociedades por la comunidad de capitales, directivos y personal”.

No está sancionado. En ese orden, Cury sostuvo que la aceptación de contribuciones de personas jurídicas no está sancionado, y que “dado que la Constitución dispone en su art. 40.15 que a nadie se le puede impedir lo que la ley no prohíbe, constituye un despropósito retener como un hecho constitutivo de una infracción electoral la donación hecha por una o más sociedades comerciales que no conformen un grupo económico”.

Aclaró que para considerar que existe un grupo económico no basta que las empresas que lo integren tengan un mismo interés comercial y financiero, sino que concurra también una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales.

“Es jurídicamente ilógico hacer metástasis en los partidos políticos de los sobornos pagados a funcionarios públicos por Odebrecht para adjudicarse licitaciones de obras públicas, ya que aunque hubiesen efectivamente realizado aportes electorales, como denuncia Marcha Verde, se trata de una sociedad comercial y no, como exige la ley, de un grupo económico”, apuntó el jurista.