Ha sido inevitable para los medios que han reseñado los pormenores de la Operación Coral 5-G resaltar los vínculos cercanos de algunos de los oficiales detenidos con el expresidente Danilo Medina, y no solo porque es noticiosamente relevante sino porque también podría explicar el “éxito” de su empresa criminal, pues según la acusación del Ministerio Público el grupo logró mover más de RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros.

Aunque también hay que atribuir ese “éxito” a su condición de altos jefes militares, beneficiarios de una tradición de impunidad histórica que desde la democracia para acá les ha permitido a militares y policías de alto rango enriquecerse sin que nadie se haya atrevido a pedirles explicaciones por una riqueza que no tienen forma de explicar, silencio y pasividad que evolucionaron hacia un “derecho” al que llegó el momento deponerle término.

Pero ha sido su mancuerna con los políticos, bajo su sombra protectora, que esa casta militar y policial ha encontrado espacio para enriquecerse hasta límites inimaginables, de lo que son buen ejemplo las pruebas aportadas por el Ministerio Público en la Operación Coral-5G, una especie de segunda parte que incluye a nuevos protagonistas.

Entre los que figura, como ha destacado con profusión la prensa nacional, el segundo jefe de seguridad del exmandatario, quien sustituyó al mayor general Adán Cáceres, preso en Najayo; el general Julio de los Santos Viola.

Por supuesto, esos vínculos en nada lo comprometen, como tampoco lo comprometen las acciones de sus dos hermanos, quienes guardan prisión acusados de corrupción; y lo mismo hay que decir de sus hiperactivos cuñados, a los que la PEPCA les tiene el agua puesta.

Pero cuando llegue la hora de las explicaciones, sea en un tribunal o ante la Historia, un juez mucho más severo, nadie le va a creer que no aprobó o favoreció, por acción u omisión, todas las tropelías que les atribuyen.