El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, declaró que luego de tres semanas de haber ocurrido las «violaciones» del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, contra los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura, y luego de haber anunciado su abstención en el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, es cuestionable que el responsable del Ministerio Público «continúe violando» la Constitución de la República y las leyes e «irrespetando» la imparcialidad que le corresponde en la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

“La conducta irrespetuosa y violatoria de toda norma de imparcialidad que ha mantenido el Procurador General de la República, representa un vicio y una irregularidad que busca afectar directamente a la magistrada Miriam Germán, quien tiene derecho a una evaluación justa y equilibrada, tanto por su formación y calidad profesional, así como por su historial tanto en el servicio al Ministerio Público como al Poder Judicial”, expresó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en un comunicado de prensa.

La entidad de la sociedad civil entiende que el debido proceso en la evaluación y selección de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, se ha visto seriamente lesionado, en esta ocasión, por “la conducta errática, irregular, abusiva, desconcertante y desconsiderada del Procurador General de la República”.

Explica que el Consejo Nacional de la Magistratura, por su composición como por el rol que le corresponde jugar, debía estar revestido de una mayor rigurosidad en el cumplimiento del deber de cada uno de los consejeros, así como en la aplicación de las normas que rigen sus actos.

Participación Ciudadana sostuvo que la Procuraduría General de la República, además de violentar las normas para afectar la credibilidad y honorabilidad de Miriam Germán Brito, violó el derecho a la privacidad de esta magistrada, al intervenir irregularmente sus comunicaciones, y posteriormente al tratar de justificar sus actos creando un ambiente de sospecha sobre terceras personas, que carece de rigurosidad y seriedad.

“Es inconcebible que, a la fecha, tres semanas después de la denuncia, la Procuraduría no haya demostrado que tenía un expediente en sus manos y que estaba realizando una investigación, coordinada por un departamento competente, sobre los actos en que sustentó la intervención del teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito”, sostuvo el Consejo Nacional de PC.

La organización entiende que, a la violación de los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura, que rigen las actuaciones del CNM y las evaluaciones a los jueces y aspirantes, habría que sumar la intervención ilegal de las comunicaciones. “Con estos dos hechos protagonizados por la Procuraduría General de la República y por el Procurador General, ya ha debido producirse una intervención responsable del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Danilo Medina, para salvaguardar los derechos insistentemente violentados por el Procurador General de la República”, manifestaron.

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El Consejo Nacional de PC indicó que antes de que se inicien las entrevistas a los demás aspirantes a jueces para ocupar a las posiciones vacantes en la Suprema Corte de Justicia, el presidente Danilo Medina tiene en sus manos detener las violaciones del Procurador General de la República contra la magistrada Miriam Germán Brito.

De acuerdo con PC, el Procurador ha realizado una campaña mediática para promover las cartas que él denominó como anónimas contra Miriam Germán Brito, y al mismo tiempo ha promovido declaraciones de abogados con el apoyo de miembros del Ministerio Público para que le defiendan en sus actuaciones, además de divulgar fotografías que no forman parte de ningún proceso legal, con la aviesa intención de sembrar dudas contra la magistrada Miriam Germán Brito.

“Hay una página en Internet dedicada a afectar la honorabilidad de la magistrada Germán, y todas las sospechas caen sobre la Procuraduría General de la República como gestora de la misma. Eso es ilegal, y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura está en la obligación de detenerlo”, expresan en el comunicado.

Para PC el presidente debe actuar con urgencia para brindar algo de credibilidad a un proceso que ha sido dañado seriamente desde el pasado 4 de marzo, y sostienen que, en caso de insistir con esta campaña, buscando destruir la imagen de la magistrada Germán, todo el proceso de evaluación y sustitución de jueces de la SCJ quedará “terriblemente viciado”.