Eduardo Jorge Prats 
Cuando se escriba la historia de los años recientes, tendrán que reconocerse los méritos del gobierno del presidente Danilo Medina, quien aparece colocado claramente a la izquierda o por lo menos en el centro del espectro político. Solo hay que leer las observaciones presidenciales al Código Penal y su valiente defensa a los derechos de la mujer y ver el vergonzoso silencio de la oposición frente a este tema, para darse cuenta quién es conservador o no. Incluso, en un tema tan espinoso como el de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes de estatus migratorio irregular, el presidente Medina se colocó en una posición mucho más progresista que la oposición, al proponer al Congreso Nacional, en medio del furor patriotero, una ley que, como la 169-14, viene a enfrentar la situación creada por la infausta Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y a poner a la República Dominicana en mejores condiciones para defenderse honrosamente frente a la comunidad internacional. Y, lo que es más importante, sus avanzadas políticas sociales, en especial la revolución educativa que lleva a cabo el Gobierno, con la asignación del 4% del PIB para la educación, la tanda extendida, el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer educación pre-escolar universal, la alimentación que beneficia a millones de estudiantes y la construcción de las estancias infantiles, y el énfasis en la formación de los profesores, ubican al presidente Medina en una posición claramente socialdemócrata, progresista y liberal.
El presidente Medina, en lo que respecta a la posición dominicana frente a Haití, ha adoptado un nacionalismo liberal, es decir, un nacionalismo que toma en serio no solo la nación sino también los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los habitantes del territorio nacional. El nacionalismo liberal busca controlar la inmigración al territorio nacional pero condena el despojo del derecho al nombre, a la identidad y a la nacionalidad de cientos de miles de dominicanos a quienes se pretende convertir en una reserva de mano de obra barata compuesta por ciudadanos de segunda, por no-personas. Toma en serio la cuestión haitiana pero condena la discriminación y el racismo. Asume, por demás, el desarrollo de la frontera como un problema dominicano y no de las grandes potencias. En Haití ve a una nación hermana, un destino de exportación y a un socio en la cooperación.
Es en el contexto de este nacionalismo liberal que hay que ubicar la Ley 169-14, impulsada por el presidente Danilo Medina, y que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización. Esta ley vino a solucionar el problema creado por la desnacionalización producida por la Sentencia TC/168/13 del Tribunal Constitucional. A pesar de que se rumora la eventual inconstitucionalidad de esta ley, lo cierto es que el propio TC, tal como ha dicho Flavio Darío Espinal, en su Sentencia TC/0309/14, reconoció la constitucionalidad de la Ley 169-14 y su conformidad con el precedente establecido por la Sentencia TC/168/13, al establecer que “dicha ley responde, precisamente, a las críticas hechas por este tribunal constitucional, mediante la referida sentencia TC/0168/13, a las imprevisiones legales de la política migratoria del país y a las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil, que predominaba desde junio de mil novecientos veintinueve (1929) y que provocaron que un determinado número de personas nacidas en este país, aun siendo extranjeros, recibieran documentación como si fueran auténticos nacionales dominicanos, al inscribirlos irregularmente en los libros del Registro Civil”.
Tal como afirma Espinal, “esta es una decisión justa, prudente y oportuna. La indicada Ley 169-13 fue el producto de un delicado y complejo proceso de búsqueda de consenso político, social y legislativo para dar respuesta a una problemática que se arrastraba sin solución desde hacía décadas. De lo que se trata ahora, luego del aval que le ha dado el Tribunal Constitucional, es terminar de implementar esta ley según su espíritu y sus disposiciones, pues, dicho sea de paso, esta es la mejor defensa que puede tener la República Dominicana ante las críticas que desde diferentes ámbitos se le hace su régimen de nacionalidad”.
En fin, contrario a lo que se ha dicho en la prensa, el reciente Informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no está en desacuerdo con el objetivo esencial de la Ley 169-14, ni tampoco con el Plan de Regularización, aunque señala que hay que trabajar por la real y efectiva implementación de la ley.
