Tirso Mejía Ricart 
El arresto por la justicia brasileña del publicista y lobbista brasileño Joao Santana y su séptima esposa y cómplice, Mónica Moura, ha hecho mundialmente famoso lo que muchos dominicanos sabíamos ya de sobra: que una mafia bien organizada internacionalmente opera, ayudando a manipular elecciones, así como cabildeando mediante sobornos la asignación sin licitación o gracias a concursos manipulados, megaproyectos de infraestructura, obteniendo de los gobiernos exensiones tributarias o evasión de impuestos y lavado de activos que no tienen parangón en la historia, por valor de miles de millones de dólares.
Según los datos preliminares que han salido a relucir, dicha mafia ha intervenido en Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, El Salvador, Angola y otros países, entre los cuales figura en forma destacada República Dominicana.
Los principales beneficiarios de esas aventuras son las empresas Odebrecht y Petrobras, que se sirvieron del Banco de Desarrollo del Brasil, cuyos actores sobre el terreno son, además de los esposos Santana Moura, el lobista Zwi Skornicki y una red de empresas “Off-Shore.” En nuestro país, Santana operaba desde un edificio propiedad de un poderoso y poco profesional ministro del gobierno y desde una residencia en Punta Cana. Que se sepa, Santana recibió 23 millones de pesos del Estado dominicano por “sus servicios” y “ganó” un concurso de publicidad de 13 millones de dólares, sin tener empresas en el país.
La manipulación por el PLD de las instituciones, de los políticos y de la opinión pública dominicana fue que produjo la unificación, solo por el año 2016, de las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales; para facilitar así todo un festival de escisiones, transfuguismos y degeneración de liderazgos que hemos venido padeciendo desde el año 2012.
El uso masivo del endeudamiento público “hasta para hacer una letrina” como dice el pueblo, del que Odebrecht ha sido en gran parte responsable, la alteración del presupuesto de Punta Catalina en casi mil millones de dólares, el construir un “sube y baja” peligroso y costosísimo en la Av. 27 de Febrero, en lugar de hacer lo contrario solo con pequeños túneles norte-sur, como propuso el entonces director de AMET, Hamlet Hermann, y casi todas las obras de infraestructura que se han construido, así como el gasto de decenas de miles de millones de pesos en publicidad, en desmedro de generar un auténtico desarrollo para la nación, son los efectos de ese delito de lesa patria.
