Son muchas e interminables las discusiones en torno al covid-19, pero es prácticamente unánime la idea de que a partir de la pandemia generada por este virus, deberán cambiar sustancialmente las nociones de tiempo, espacio, ciudad, territorio y la construcción de hábitat.

Esta pandemia ha sido una tragedia para la humanidad, pero al mismo tiempo constituye una oportunidad para detenernos en el camino y repensar muchas prácticas actuales, de efectos perversos en diversas esferas del trabajo/economía¬, la política y en la idea sobre las funciones de la ciudad, las cuales tienen sus mayores expresiones en los fenómenos de desmesurados crecimientos espaciales y poblacionales conocidos como metrópolis.

El covid-19 no sólo impacta en la población de manera puntual, tampoco la ciudad simplemente en tanto hábitat, sino la ciudad como esa gran fábrica/empresa donde se reproduce el capital.

De ahí que en las perspectivas de combate a ese flagelo de cara al presente y el futuro, el territorio y el urbanismo ocupan un punto nodal porque es ostensible que la propagación del covid-19 en los espacios ocupados gente que vive en condiciones de pobreza y marginalidad social y espacial porque ha evidenciado la fragilidad de muchas ciudades, no necesariamente pobre en sentido general, con importantes bolsones de pobreza en sus zonas degradadas.

Son los casos de ciudades como, Nueva York, Paris, Sao Paolo y aquí, aquellas con grandes concentraciones de pobres, como el Gran Santo Domingo y Santiago.

Todas esas ciudades, en menor medida Santiago, son metrópolis en indetenibles procesos de crecimiento. Las metrópolis crecen engulléndose las zonas periurbanas, desestructurándolas social, espacial y culturalmente y carentes de servicios y equipamientos básicos.

El crecimiento poblacional de esas zonas se debe, en gran medida, a la tendencia de la gente a buscar suelo relativamente barato y a los efectos de reclasificación de suelo de vocación agrícola en edificable.

También por la demanda de suelo para grandes naves industriales y por construcciones de grandes redes viales que, al tiempo de incrementar el surgimiento de asentamientos en su recorrido, incrementan la plusvalía, de apropiación estrictamente privado, de los terrenos por ellas tocados.

Esas zonas son una prolongación de los barrios pobres espacialmente degradados de los centros urbanos, y productos de un crecimiento espacial y poblacional que incrementa los costes de los servicios: vivienda, transporte y manejo de los residuos sólidos, que se tornan deficientes e ineficaces, disminuyendo la calidad de vida, también producen el deterioro de floras, humedales y ríos por la presión de grandes aglomeraciones sin normativas que las regulen.

Su lejanía de las áreas de abastecimiento y de trabajo aumentan el movimiento pendular de sectores de la población que van y vienen de sus trabajos a sus hogares.

Ese desplazamiento, en un país como este, carente de un transporte colectivo eficiente, en tiempo de pandemia dificulta el debido distanciamiento social.

En esos espacios, los costes sociales de una metropolización sin control una adecuada coordinación entre las autoridades locales, el contagio y propagación de virus de todo tipo crece de manera exponencial.

Esa circunstancia pone sobre el tapete la necesidad de una gestión del espacio y del territorio pensada de cara al enfrentamiento de los males del presente arriba enunciados y de cara al futuro, donde las responsabilidades fundamentales recaigan sobre instituciones del Estado, gobierno central y municipio, sin soslayar la participación de la comunidad y del sector privado, sujeto a reglas claras sobre el costo del suelo.