Debido a que el exceso de presos preventivos en nuestras cárceles es un problema viejo que llevamos años batiendo sin buscarle solución, no hacía falta que un congresista norteamericano nos estrujara esa tara de nuestro sistema de administración de justicia con la carta que envió al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, solicitándole información sobre la cantidad de ciudadanos estadounidenses que actualmente guardan prisión en cárceles de la República Dominicana.

Carta que, por sospecharse que se trata de una “preocupación por encargo” alentada por el lobista contratado por el imputado por corrupción Donald Guerrero para que le piche el juego allá, ha sido objeto de un gran despliegue por parte de la prensa. “Es importante estar al tanto de los graves problemas de justicia penal que existen en relación a la prisión preventiva, que mantiene en prisión a personas por años sin un cargo formal. Es un desafío duradero donde el 70% de los prisioneros están encarcelados bajo la prisión preventiva”.

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¿Se atreve alguien a negar que lo que afirma en su carta el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los EEUU se corresponde con la verdad verdadera? La preocupación, sincera o no, se agradece, y también que su carta ponga sobre la mesa del debate público una situación tan vergonzosa como lacerante que pone en cuestionamiento el Estado social de derecho en el que se supone vivimos, aunque es de lamentar que el atropello que se comete contra miles de ciudadanos privados de su libertad solo es de interés público si así lo deciden los bien pagados abogados y lobistas de los imputados por corrupción.

Solo resta decir, antes de concluir, que todo este alboroto no pasará de ahí aunque en su carta el congresista le pide a Blinken “tomar acciones inmediatas”, ignorando, desde su perspectiva imperial, que ese es un problema que nos corresponde resolver (o no resolver) solamente a los dominicanos.